En un mensaje grabado, el jefe de Estado expuso los cambios que su administración busca implementar en la regulación de la autoridad monetaria, solicitando el apoyo del parlamento. “Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, aseguró al inicio de su alocución. La iniciativa será formalmente remitida al Congreso el próximo martes y tiene como objetivos limitar el financiamiento estatal a través de la emisión de dinero, fortalecer la autonomía del organismo y enfocar su labor en la preservación del valor de la moneda.
Durante su presentación, Milei estuvo acompañado por varios funcionarios y miembros destacados de su gobierno, así como por los presidentes del Banco Central, Santiago Bausili, y su vice, Vladimir Werning.
El mandatario delineó las “cinco premisas fundamentales” del proyecto, comenzando por la que estipula que la principal misión del BCRA será la preservación del valor de la moneda. “Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento”, remarcó.
En segundo lugar, se prohibirá el financiamiento del Tesoro nacional, así como el de provincias y municipios, además de restringir la compra de títulos públicos en el mercado primario. “El señoreaje no es ni más ni menos que una falsificación de dinero”, indicó.
El tercer aspecto del proyecto busca proteger al presidente del BCRA y a su directorio de las presiones políticas. Aunque se mantendrá el actual proceso de designación, su destitución requerirá el consentimiento de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Además, se impondrán limitaciones al reparto de dividendos por servicios de liquidez, destinando las ganancias derivadas de variaciones en el valor de los activos a una reserva técnica no distribuible. Las ganancias generadas por la gestión de la cartera solo podrán ser enviadas al Tesoro para amortizar deuda.
Milei también anticipó la derogación de cambios introducidos en la Carta Orgánica en 2012, además de la eliminación de las letras intransferibles, a las que calificó como una “estafa”.
La propuesta para el BCRA será parte de un programa más amplio que incluye el denominado “grillete fiscal” y modificaciones en los mercados de capitales y seguros. Este nuevo marco busca evitar que Argentina apruebe o mantenga un presupuesto deficitario. Si las cuentas públicas muestran un déficit durante varios meses, el Congreso deberá actuar en un plazo determinado para restablecer el equilibrio.
Si no se logra, “entrará en vigencia automática el shutdown”, paralizando las actividades no esenciales del Estado y congelando nuevos gastos, contratos e incorporación de personal. Durante ese tiempo, las altas autoridades del Estado, incluyendo al presidente, los ministros y legisladores, no recibirán sus salarios. “Si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, enfatizó el mandatario.
Las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, seguros de desempleo y servicios de salud, seguridad, defensa y penitenciarios quedarán exceptuados. Además, el Gobierno invitará a las provincias a sumarse a este régimen “para que cada gobernador predique con el ejemplo”.
Adicionalmente, Milei presentó dos proyectos destinados a ampliar el sistema financiero y dirigir los ahorros que los argentinos mantienen fuera del sistema hacia inversiones. “Dejar nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento”, sostuvo, anticipando una “liberalización profunda” del mercado de capitales para facilitar que el ahorro fluya hacia quienes desean producir.
Entre las modificaciones propuestas, se permitirá la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera y otras unidades de medida, así como la flexibilización del financiamiento colectivo para simplificar los requisitos actuales. “Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, maquinarias y trabajo”, afirmó el presidente.
Para concluir, Milei declaró que estas iniciativas pondrán fin a “91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”, expresando su confianza en que el Congreso comprenda la gravedad de los problemas estructurales del país y respalde estas reformas que prometen transformar Argentina.
