El objetivo de la reforma es contundente: establecer por ley la prohibición de la emisión para financiar el déficit. La estabilidad del peso se convertirá en la única y principal misión de la entidad, desplazando el “mandato ampliado” vigente desde 2012.
La redacción de este proyecto contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, quienes son las figuras clave en el ámbito económico del Gobierno.
El documento será presentado en la cámara de Diputados tras el receso invernal, y en el oficialismo tienen confianza en que ya cuentan con los votos necesarios para su aprobación.
Una de las novedades más notables de la iniciativa es la inclusión de sanciones penales para aquellos funcionarios que infrinjan la autonomía del Banco Central o que permitan asistencia monetaria al Poder Ejecutivo. Esto se presenta como una advertencia clara para administraciones futuras.
Adicionalmente, se prohibirá el uso de letras intransferibles para brindar asistencia financiera al Estado, un mecanismo que ha sido objeto de críticas en la última década.
Se también endurecerán los requisitos para la destitución del presidente y de los directores del BCRA, con el fin de resguardar la estabilidad institucional ante posibles cambios de gobierno, para que la política monetaria no se vea afectada por el clima electoral.
Uno de los elementos más destacables es la implementación de un mecanismo de “shutdown” o paralización administrativa, inspirado en el modelo estadounidense. Este se activaría en caso de que se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, imponiendo restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado, con el objetivo de cerrar la posibilidad de recurrir al endeudamiento o a la emisión para cubrir gastos no autorizados por ley.
Un informe reciente de una entidad económica anticipó varios de estos puntos, enfatizando la necesidad de una reforma integral de la Carta Orgánica. Entre sus sugerencias estaban la derogación del artículo 20, que permite los Adelantos Transitorios, y la eliminación de las Letras Intransferibles. También proponía establecer mandatos de seis años, escalonados, para los directores del BCRA.
El documento también abordaba la regulación de activos digitales y stablecoins, tomando ejemplos de países como Chile, Uruguay y Brasil, y sugería que la ley se aprobara con mayores quórums, con miras a protegerla políticamente de posibles cambios en el futuro.
Según el análisis, la asistencia del BCRA al Tesoro se había incrementado del 1,2% del PBI en 2009 al 3,2% en 2014, una evolución que contribuyó a la inflación. Este dato se ha convertido en el principal argumento del oficialismo.
Con el anuncio de esta noche, el Gobierno pretende avanzar de manera significativa hacia la implementación de esta nueva estructura. La conversación, que en su momento giraba en torno al cierre del BCRA, ahora se orienta hacia su reestructuración completa.
