Inicialmente, la causa fue calificada como lesiones leves; sin embargo, la evaluación de un médico que constató la gravedad de las lesiones llevó a un cambio en la imputación a “lesiones graves”. El fiscal Carlos María Russo, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N° 7 de Mar del Plata, está al frente de la investigación, que avanza para determinar el alcance de las agresiones y la posible existencia de otros incidentes similares.
El lunes 27 de julio, alrededor de las 19, las cámaras de seguridad del geriátrico, ubicado en la calle Deán Funes al 1700, registraron episodios de maltrato físico y verbal hacia dos residentes. La administración del hogar se percató de estas agresiones al revisar las grabaciones, tras recibir alertas de familiares sobre lesiones sospechosas en las víctimas.
Las imágenes muestran a Cichero, de 37 años, alimentando a las ancianas en sillas de ruedas, y ante la resistencia de una de ellas, la agredió violentamente. En uno de los registros, Cichero golpeó con una cuchara a una de las mujeres, lo que le ocasionó un corte superficial en el labio y la pérdida de piezas dentarias. Al notar el llanto de la mujer, el agresor le dijo: “¿Ah tenés ganas de llorar?”.
En otra grabación, el mismo hombre lanza insultos y amenazas de muerte a las víctimas, llegando a expresar: “No me interesa lo que vos querés” y luego afirmó: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”. Las ofensas verbales se sucedieron mientras la mujer lloraba. El material audiovisual fue entregado a la Justicia a raíz de la inmediata desvinculación de Cichero.
Como medida preventiva, la residencia fue clausurada debido a que no había comenzado el trámite de renovación de su habilitación provincial. El futuro del geriátrico se determinó después de que el Ministerio de Salud de la provincia identificara irregularidades administrativas y solicitara la renovación de dicha habilitación, un trámite que nunca se llevó a cabo.
Aunque esta decisión no implica el cierre inmediato del establecimiento ni que sus residentes queden sin atención profesional, según explicó Walter Domínguez Paz, propietario del Hogar Sol Naciente, la medida tiene como objetivo prohibir el ingreso de nuevos pacientes y establecer condiciones mínimas de funcionamiento mientras se avanza con la investigación judicial.
Actualmente, los residentes que permanecen en el geriátrico siguen recibiendo asistencia del personal habitual y cuentan con el apoyo de familiares, todo bajo la supervisión de autoridades municipales. Se están evaluando alternativas para la reubicación de los residentes, considerando sus necesidades y el avance del proceso judicial.
Nicolás Gastón Cichero, residía en Mar del Plata y ejercía como cuidador en la Residencia de Adultos Mayores “David” durante los incidentes. Además de su función en el geriátrico, Cichero se presentaba como prestador de tratamientos de belleza y enfrenta deudas que ascienden a casi cinco millones y medio de pesos.
Ante la difusión de los videos, el imputado optó por eliminar todas sus redes sociales y cortó contacto con su entorno, lo que dificultó su localización en las primeras horas de la investigación. Su perfil profesional no presenta antecedentes formales en el ámbito de cuidados geriátricos, y no se hallaron registros de capacitaciones específicas en la atención a adultos mayores.
El geriátrico “David”, donde sucedieron los hechos, ha estado en funcionamiento durante aproximadamente diez años y contaba con quince pacientes al momento del incidente, según datos oficiales. La representante del Sindicato de Cuidadores Domiciliarios, María Pastora Ortiz, señaló que en algunos hogares para adultos mayores no se exige ni verifica la formación específica del personal encargado del cuidado.
Asimismo, Ortiz mencionó que ha habido denuncias internas previas de violencia, tanto hacia residentes como hacia el personal, aunque no se habrían tomado medidas preventivas por parte de las autoridades del hogar. Subrayó la dificultad que enfrentan muchos adultos mayores para denunciar abusos, así como la ausencia de controles sistemáticos en algunos establecimientos.
