Este es el tercer intento fallido de la defensa para lograr el apartamiento de la fiscalía. En esta ocasión, aprovecharon las diferencias que existen entre el juez y el fiscal para fundamentar su pedido.
El fiscal Mola había solicitado la detención de Insaurralde y Cirio, aunque esta petición fue calificada por Armella como “desproporcionada”. En su resolución, el juez moderó sus críticas hacia Mola, reafirmando su aprecio por su “alta probidad y honestidad”.
Armella aclaró que las disparidades entre él y Mola son meramente “de criterio”, lo cual es inherente a los roles diferenciados de juez y fiscal, y subrayó que sus observaciones anteriores no deberían ser interpretadas como un cuestionamiento a la labor investigativa del fiscal.
En su declaración, el juez resaltó su “alto concepto de probidad y honestidad” respecto a Mola, enfatizando que su amplia experiencia de más de 30 años le permite distinguir entre cuestiones personales y funciones.
La recusación fue presentada el 30 de junio por la defensa de Insaurralde, apenas cuatro días después de que Mola pidiera la detención del exintendente y de Cirio, en el contexto de la divulgación de videos donde aparecían dólares en un vestidor.
La defensa argumentó que había una “pérdida de la objetividad funcional” y describió un supuesto patrón de “abuso funcional, ensañamiento procesal y exposición mediática”. Mola, en su respuesta, calificó el intento de recusación como un intento de influir en la investigación por corrupción en contra de Insaurralde.
En cuanto a las filtraciones de información, Mola declaró que insinuar que la fiscalía había difundido su propio pedido de detención es “un verdadero dislate”. Por su parte, la Fundación Poder Ciudadano se presentó en el incidente solicitando el rechazo de la recusación, argumentando que las tensiones inherentes a un proceso penal complejo no constituyen un motivo válido para el apartamiento de un fiscal.
Armella rechazó el pedido de Insaurralde, argumentando que los fundamentos presentados por su defensa no eran suficientes para justificar tal medida. Respecto a sus críticas anteriores hacia el fiscal, dijo que su intención había sido más bien advertir sobre los riesgos que la divulgación de información pública podría acarrear para la investigación, recordando que los códigos establecen que el proceso es público para las partes y sus defensores.
Finalmente, el juez destacó el “compromiso y la dedicación” con los que la fiscalía ha intervenido en el caso desde su inicio.
Esta decisión se produce en un contexto donde se están llevando a cabo inspecciones oculares en el departamento de Palermo y la mansión de San Vicente para identificar el vestidor de los videos, así como el análisis del celular de Cirio. Mola tiene sospechas de que el dinero involucrado podría estar en manos de testaferros, incluyendo a Priscila Ferrante, sobrina de Cirio, y a su expareja Heber Russo, quienes ya han sido investigados en un caso en Quilmes, donde Ferrante fue sobreseída y Russo elevado a juicio por un tema relacionado con facturas falsificadas.
