La revisión se va a concentrar en tres ejes centrales —el resultado fiscal, el financiamiento monetario al Tesoro y la acumulación de reservas—, a los que se suma un cuarto factor que, sin ser una meta formal del programa, cobra cada vez más peso: cómo evoluciona la recaudación impositiva frente a la inflación.
En materia fiscal, el Gobierno llega en una posición relativamente cómoda. El acuerdo fija para 2026 un superávit primario nacional de alrededor del 1,4% del PBI, en línea con el objetivo de equilibrio financiero. Durante el primer semestre, el Sector Público Nacional mostró un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y un resultado financiero positivo de 0,1%. Sin embargo, la comparación puntual con la meta de junio requiere matices: el objetivo pactado para fin de ese mes era de $6,861 billones, mientras que cálculos privados ubican el resultado computable —descontando ingresos extraordinarios— en unos $6,287 billones, lo que implicaría un desvío cercano a los $574.000 millones. Por eso esa meta específica todavía no puede darse por cumplida y será uno de los puntos que la misión deberá resolver, aunque se trata de un desvío acotado frente al cumplimiento general del frente fiscal, y podría derivar en una dispensa o una lectura favorable del staff técnico, más aún considerando que junio se vio afectado por el corrimiento de ciertos vencimientos de Ganancias hacia julio.
El segundo frente, el monetario, presenta menos complicaciones. El programa establece financiamiento neto cero del Banco Central al Tesoro, uno de los compromisos centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica: no emitir para cubrir el déficit. Ese criterio se cumplió en las revisiones anteriores y el propio Gobierno sostiene que va a seguir sin recurrir a adelantos ni transferencias del BCRA.
El tercer pilar, el de las reservas, es el más difícil de medir. Tras el incumplimiento registrado a fines de 2025, el FMI flexibilizó la trayectoria exigida y fijó una nueva meta de reservas internacionales netas para junio de 2026. Desde enero, el Banco Central aceleró fuerte la compra de dólares: hasta fines de agosto había adquirido unos US$14.095 millones en el mercado cambiario, superando el piso de US$10.000 millones que se había fijado para todo 2026 y acercándose al techo de US$17.000 millones de su programa monetario. El punto es que esa compra de divisas no se traduce de manera automática en acumulación neta de reservas según la definición que usa el FMI, ya que los pagos de deuda, los desembolsos de organismos internacionales y otros pasivos del Central modifican el cálculo. El organismo ya había otorgado una dispensa por el incumplimiento de la meta de reservas de fines de 2025, y en esta revisión de septiembre deberá determinar qué parte de las compras realizadas efectivamente cuenta como reservas computables para el programa.
Detrás de esos tres objetivos aparece una cuarta variable, no formalizada como meta, pero cada vez más determinante: la recaudación. El acuerdo no exige que los impuestos crezcan por encima de la inflación, pero el comportamiento de los ingresos fiscales se volvió clave para saber si el superávit puede sostenerse sin apelar a nuevos recortes de gasto. En los primeros ocho meses de 2026, la recaudación llegó a $153 billones, con una suba nominal del 28,2% respecto de igual período de 2025, aunque analistas privados calculan que, descontando la inflación, eso implica una caída real cercana al 3,8%. Agosto mostró cierta mejora, con un incremento interanual del 33,5%, casi a la par de los precios, aunque la composición de esos ingresos encendió algunas alertas: el IVA creció apenas un 25,3% nominal y los recursos de la Seguridad Social un 31,9%, muy por debajo del 45,2% de Ganancias y, sobre todo, del 155,1% de los derechos de exportación.
Ese comportamiento no es un dato menor: si la recaudación sigue perdiendo terreno frente a la inflación, el Gobierno se verá obligado a aplicar nuevos ajustes de gasto para sostener el superávit. El propio programa con el FMI advierte que cumplir la meta fiscal de 2026 va a requerir disciplina en el gasto para compensar la caída de impuestos al comercio exterior, junto con nuevas erogaciones y cambios tributarios.
En definitiva, la discusión con el organismo ya no pasa solo por chequear el cumplimiento formal de las metas. Argentina puede mostrar equilibrio fiscal, ausencia de emisión para financiar al Tesoro y una fuerte suba en la compra de dólares, pero queda abierta la pregunta de si ese esquema puede sostenerse con una recaudación que, durante buena parte de 2026, creció por debajo de los precios. Esa pregunta, aunque no figura en el memorándum oficial, será en los hechos la cuarta meta que va a marcar la revisión de septiembre.
