En su solicitud, la acusación argumentó que existen pruebas suficientes para que Aloise sea juzgada, dado que mantuvo en funcionamiento un depósito que había sido clausurado por el Municipio semanas antes del incidente. Esta situación puso en riesgo a numerosos vecinos y provocó significativos daños materiales.
Según la Fiscalía, el incendio se inició en un predio que anteriormente funcionaba como una estación de servicio y que era utilizado como cochera y depósito de electrodomésticos, sin la debida habilitación ni las medidas de seguridad correspondientes.
Por su parte, un informe de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina atribuyó el origen del fuego a una falla eléctrica en la planta baja del edificio. Las llamas se propagaron rápidamente, provocando el colapso de la estructura. Grabaciones de cámaras de seguridad confirmaron que no hubo intervención de terceros en el inicio del incendio.
El avance del fuego afectó la integridad del edificio, resultando en el derrumbe de los pisos superiores y poniendo en peligro a los vecinos adyacentes. Una de ellas, Martina Píccoli, logró escapar de su hogar gracias a la advertencia de un vecino.
En su testimonio ante la Justicia, Píccoli relató que salió de su casa únicamente con su celular, las llaves y en pijama. Minutos después, presenció cómo una parte del edificio en llamas se desplomó sobre su propiedad, destruyendo áreas como la cocina y un estudio. Reflexionó sobre el peligro que habría corrido si no hubiera recibido la alerta, ya que podría haber quedado atrapada.
El expediente judicial menciona que el depósito había sido inspeccionado y clausurado por el Municipio de La Plata el 25 de junio de 2025, cuando se constató que operaba como depósito de electrodomésticos sin habilitación y carecía de un sistema de prevención de incendios.
Según información adicional, tras la inspección se levantó un acta contravencional que llevó a la clausura preventiva del establecimiento, medida que fue ratificada por el Juzgado de Faltas, el cual notificó a la empresa sobre la sanción.
A pesar de la orden de clausura, la actividad comercial continuó. Dos trabajadores del depósito afirmaron que recibieron instrucciones de Aloise para seguir operando, a pesar de las advertencias.
Siguiendo esa directiva, los empleados mencionaron que se les indicó no permitir el ingreso de inspectores municipales y evitar la firma de documentación oficial. También confirmaron que el establecimiento carecía de habilitación municipal y de sistemas adecuados para la detección o prevención de incendios, disponiendo únicamente de una alarma antirobos.
Después de presentar toda la evidencia en contra de Aloise, el fiscal Padovan determinó que la responsabilidad de la acusada estaba comprobada como titular de la firma. Por este motivo, su procesamiento en la causa fue confirmado el 20 de marzo de este año.
La postura de la Fiscalía sostiene que la empresaria ignoró de manera intencional las órdenes de clausura, al mantener activo un depósito sin habilitación ni medidas de seguridad, lo que se enmarca en los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia.
En este contexto, el requerimiento resaltó que la imputada era la máxima responsable de la empresa y tenía pleno conocimiento de las inspecciones, infracciones y órdenes de clausura. Además, se destacó que Aloise poseía el 95% de las acciones de la compañía, lo que la convierte en la principal accionista.
