Sigman rechazó además que durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner haya existido un trato preferencial hacia las empresas vinculadas con él. En su presentación sostuvo que no existen elementos que permitan vincular sus relaciones personales o profesionales con una maniobra concreta para beneficiar económicamente a AstraZeneca, Mabxience, Sinopharm o Elea Phoenix.
La declaración se realizó por videoconferencia debido a que el empresario tiene 83 años y reside en Madrid. Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, la presentación abordó las negociaciones por las vacunas de Pfizer y también las adquisiciones de Sputnik V y Sinopharm durante el período crítico de 2020 y 2021.
Uno de los principales argumentos de Sigman estuvo centrado en el papel de Mabxience en la producción de la vacuna de AstraZeneca. Según explicó, la compañía fabricó el principio activo, pero no vendió vacunas al Estado argentino ni recibió beneficios vinculados con la cantidad de dosis que el país finalmente adquirió.
La defensa sostuvo que Mabxience tampoco intervino en la comercialización, distribución o adjudicación de las vacunas, ni participó de los ensayos clínicos o del registro sanitario. Su función, de acuerdo con esa explicación, fue la de un proveedor industrial contratado para fabricar el principio activo.
El acuerdo contemplaba la producción de un volumen destinado a unas 220 millones de dosis para América Latina y, según el planteo defensivo, no estaba relacionado con la cantidad de vacunas que posteriormente comprara la Argentina. Por ese motivo, la remuneración de Mabxience no habría aumentado en función de las dosis adquiridas por el Estado argentino.
La defensa también citó un informe de AstraZeneca según el cual la Argentina recibió el 9% del total de vacunas comercializadas por la compañía en América Latina.
Otro de los puntos abordados fue la participación de Elea Phoenix en el desarrollo de la vacuna de Sinopharm. Sigman sostuvo que la intervención de esa empresa se limitó a aspectos técnicos de una parte del ensayo clínico de Fase III realizado en la Argentina y que no tuvo participación en las negociaciones entre el fabricante chino y el Estado, ni en la comercialización o distribución de las dosis.
Por esa tarea, de acuerdo con la presentación, Elea Phoenix recibió un honorario previamente acordado, sin que existiera una remuneración vinculada con la cantidad de vacunas que posteriormente comprara la Argentina.
La defensa comparó esa participación con el trabajo realizado en la Argentina por los equipos de Fernando Polack y Gonzalo Pérez Marc, vinculados a la Fundación Infant, durante el ensayo clínico de Pfizer en el Hospital Militar. Cerca de 3.000 personas participaron en el país de un estudio global que incluyó unas 40.000. El planteo sostiene que la realización de un ensayo clínico local no convierte a una institución o a los profesionales contratados en socios locales del fabricante ni les otorga derechos sobre la posterior venta de las vacunas al Estado.
En su presentación, Sigman también cuestionó la acusación fiscal y pidió su sobreseimiento. La defensa afirmó que la imputación se basa en inferencias y en una valoración fragmentaria de los hechos y que no existirían elementos suficientes para acreditar una conducta con relevancia penal.
La hipótesis del fiscal Stornelli es diferente. El representante del Ministerio Público impulsó una denuncia presentada por diputados nacionales de la oposición y señaló que la ex ministra de Salud y otros funcionarios podrían haber mostrado interés primero en vacunas producidas localmente y luego en Sputnik V con el objetivo de obtener un beneficio propio o para terceros.
Según esa acusación, esas conductas podrían configurar un conflicto de intereses y quedar comprendidas en los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal. Stornelli también planteó que durante la pandemia pudo haber existido una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses” en el proceso de adquisición de vacunas.
En ese marco, el fiscal señaló que Pfizer había ofrecido alrededor de 13,3 millones de dosis desde mediados de 2020, mientras que el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, había ofrecido otras 25 millones. Su hipótesis sostiene que funcionarios nacionales habrían privilegiado a laboratorios locales que funcionaban como socios de los fabricantes internacionales y dejado de lado a aquellos que no contaban con ese tipo de vínculo.
La investigación también alcanzó a Carla Vizzotti, quien fue ministra de Salud entre 2021 y 2023. La exfuncionaria había declarado ante Lijo y Stornelli y optó por no responder preguntas, aunque presentó un escrito en el que rechazó las imputaciones.
Vizzotti negó haber participado en la elaboración de la Ley 27.573, normativa que autorizó la compra directa de vacunas y que, según la investigación, tuvo incidencia en las negociaciones con Pfizer. También rechazó haber intervenido en las conversaciones vinculadas con Rusia y con los laboratorios locales para la adquisición de Sputnik V.
La exministra sostuvo que durante la pandemia sus responsabilidades estuvieron circunscriptas a cuestiones sanitarias, técnicas y epidemiológicas, entre ellas el análisis de la información científica, las plataformas vacunales, los criterios de eficacia y seguridad, la logística de distribución y las estrategias de implementación de la vacunación en el país. La Ley 27.573 había sido impulsada por la entonces diputada Cecilia Moreau.
La defensa de Sigman también negó que sus vínculos con Ginés González García, Pedro Cahn, Carla Vizzotti o Sonia Tarragona puedan demostrar una intervención concreta para impedir la compra de Pfizer o favorecer a AstraZeneca y Sinopharm. En ese sentido, sostuvo que la relación comercial y estratégica con Pfizer era anterior al comienzo de la pandemia.
La causa tuvo distintos cambios en su recorrido judicial. A fines de 2023, el juez Lijo había desestimado la denuncia, pero en abril de 2025 la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó esa decisión y ordenó reabrir y profundizar la investigación.
La denuncia original había sido presentada por diputados nacionales, quienes cuestionaron el vínculo de Sigman con Mabxience y su participación en el esquema de producción de AstraZeneca. Según ese planteo, el acuerdo firmado en octubre de 2020 contempló la compra de 11 millones de dosis y el Estado habría abonado anticipadamente el 60% del contrato en noviembre de ese año.
Los denunciantes también señalaron la participación de Sigman, a través de Elea, en el proceso relacionado con Sinopharm. En ese caso, plantearon ante la Justicia que el empresario habría intervenido mediante acuerdos con Phoenix SRL y la Fundación Huésped, fundada por Pedro Cahn, para realizar las pruebas de las vacunas y llevar adelante su representación.
El expediente continúa así con dos posiciones contrapuestas: mientras la defensa sostiene que no existió una intervención de Sigman destinada a obstaculizar la llegada de Pfizer ni un beneficio económico derivado de las compras estatales a otras compañías, la acusación busca determinar si existieron conflictos de intereses o conductas con relevancia penal en la adquisición de vacunas durante la pandemia.
