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Presupuesto 2027: el reparto de los recursos que genera un nuevo debate

18 septiembre, 2026
in Política
Presupuesto 2027: el reparto de los recursos que genera un nuevo debate
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El proyecto de Presupuesto 2027 abrió una discusión sobre la distribución de los recursos públicos, especialmente por el contraste entre los fondos previstos para la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, y las necesidades planteadas por las universidades nacionales y el sistema científico.

La Jurisdicción 91 contempla cerca de $14,8 billones para 2027. Se trata de una categoría presupuestaria que concentra obligaciones y transferencias a cargo del Tesoro que no están asignadas directamente a un ministerio.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que las universidades nacionales necesitan alrededor de $11 billones para sostener durante el próximo año salarios, funcionamiento, becas, investigación, infraestructura y hospitales universitarios.

La diferencia entre ambas cifras instaló un debate sobre las prioridades del Presupuesto. El planteo no supone que los fondos de la Jurisdicción 91 puedan trasladarse directamente al sistema universitario, ya que una parte corresponde a compromisos específicos. Sin embargo, su magnitud permite discutir su composición, sus destinatarios y los márgenes de reasignación.

Las universidades llegan a 2027 después de un período marcado por dificultades presupuestarias, pérdida de poder adquisitivo de salarios, retrasos en partidas de funcionamiento, reducción de becas y paralización de obras. Algunas instituciones debieron recurrir a recursos propios para sostener actividades esenciales.

La situación también alcanza al sistema científico y tecnológico. La reducción de recursos puede afectar proyectos de investigación, becas, carreras científicas, institutos y equipamiento, con impacto en áreas como salud, producción, energía, tecnología y desarrollo regional.

En este contexto, el tratamiento del Presupuesto 2027 plantea no solo una discusión sobre el equilibrio fiscal, sino también sobre la distribución de los recursos y las actividades consideradas prioritarias. Entre los puntos en debate aparecen el financiamiento universitario, la inversión científica y una mayor transparencia sobre las partidas concentradas en las Obligaciones a Cargo del Tesoro.

El Congreso deberá analizar la composición de esas partidas y determinar si existen márgenes para modificar la distribución propuesta, mientras universidades y organismos científicos buscan garantizar los recursos necesarios para sostener sus actividades durante el próximo año.

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