La causa, denominada “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Metalfor S.A. y otros s/ ejecutivo”, tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. El 14 de agosto, el magistrado ordenó a los demandados pagar US$98.895,77 de capital, más otros US$10.000 estimados provisoriamente para intereses y costas. También dispuso embargos sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales denunciadas en el expediente.
Las medidas alcanzaron a dos integrantes del actual directorio de Metalfor. Uno de los oficios fue enviado al Banco Supervielle para embargar fondos de María Rosa Miguel, vicepresidenta de la compañía, mientras que otro fue dirigido al Banco Macro respecto de José Luis Ramón Dassie, director de la firma. Ambos asumieron sus cargos este año, junto con Eduardo Alberto Borri, quien continúa como presidente.
En el caso de Dassie, el Banco Macro informó el 31 de agosto que había tomado conocimiento del embargo por US$98.895,77 más US$10.000. El empresario tenía una caja de ahorro en dólares sin saldo, cuyo último movimiento había sido registrado el 7 de octubre de 2024, y otra cuenta en pesos también sin fondos. La entidad, de todos modos, mantuvo vigente la medida sobre los fondos presentes y futuros que pudieran ingresar.
La situación financiera de Metalfor también se refleja en su endeudamiento con el sistema financiero. Según un informe comercial, a julio la compañía acumulaba compromisos por $51.672 millones, con vencimientos mensuales cercanos a los $1890 millones. Solo el 4% de esa deuda estaba clasificada en situación normal ante la central de deudores del Banco Central.
El 55% figuraba en situación 2, considerada de seguimiento especial o riesgo bajo; el 35% estaba en situación 3, correspondiente a problemas o riesgo medio, y el 6% restante se encontraba en situación 4, asociada a un alto riesgo de insolvencia.
La evolución de la deuda muestra un deterioro acelerado. En febrero, de los $53.837 millones registrados en el sistema financiero, unos $53.481 millones estaban en condición normal. En marzo esa cifra cayó a $51.673 millones; en abril, a $48.927 millones; en mayo, a $29.936 millones; en junio, a $6.445 millones, y en julio quedó en $2078 millones.
Para ese último mes, unos $28.617 millones presentaban atrasos de entre 31 y 90 días, mientras que $17.955 millones tenían demoras de entre 91 y 180 días y otros $3.023 millones registraban atrasos de entre 181 y 365 días.
Entre los principales acreedores financieros de la compañía se encontraban el Banco Nación, con $12.623 millones; el Banco de Córdoba, con $8875 millones; Supervielle, con $8018 millones; el Banco de Servicios y Transacciones, con $7671 millones, y Galicia, con poco más de $4071 millones. El Banco Ciudad, que inició la demanda, registraba en julio una exposición de $147 millones, clasificada en situación 3.
A esto se suman los cheques rechazados. Los registros del Banco Central contabilizaron en agosto 172 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de $565,8 millones. También aparecen impagas obligaciones vinculadas con cargas sociales y contribuciones laborales desde 2025.
La crisis alcanzó además a la estructura laboral de la empresa. A comienzos de julio, Metalfor inició un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba debido a atrasos salariales y comenzó negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica. Poco después, despidió a 35 trabajadores de la planta de Noetinger.
Al finalizar ese procedimiento, la empresa planteó una reducción de aproximadamente el 70% de una dotación cercana a 600 empleados, propuesta que fue rechazada por el gremio.
El deterioro de la actividad también se reflejó en la producción y las ventas. Durante el primer trimestre de 2026, Metalfor vendió 56 máquinas, frente a las 116 comercializadas en igual período de 2025. La producción, en tanto, cayó de 86 a 38 unidades y la empresa operaba aproximadamente al 50% de su capacidad instalada.
En su último informe de resultados presentado ante la Comisión Nacional de Valores, la compañía informó una pérdida de $26.484 millones entre enero y junio de 2026, frente a una ganancia de $11.870 millones durante el mismo período del año anterior.
En esa presentación también reconoció dificultades para acceder al crédito, cheques rechazados, problemas con proveedores y falta de fondos para adquirir materiales y afrontar el pago de salarios. Además, anticipó una reducción significativa de su estructura durante agosto.
El último balance anual disponible, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, mostraba activos por $324.444 millones, pasivos por $166.177 millones y un patrimonio neto positivo de $158.267 millones. Sin embargo, las ventas netas permanecieron prácticamente estancadas: alcanzaron $134.757 millones, frente a $135.994 millones en 2024. El resultado final también se redujo, de $20.293 millones a $8659 millones, una baja del 57,3%.
En paralelo con su actividad industrial, Metalfor desarrolló en los últimos años una estructura financiera basada, entre otros mecanismos, en la securitización de los créditos otorgados a compradores de maquinaria. La operatoria se canalizó mediante los fideicomisos financieros Metalcred.
El 22 de mayo, la empresa informó ante la Comisión Nacional de Valores que Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., fiduciaria de los fideicomisos Metalcred XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, había presentado una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para solicitar una investigación sobre la administración y gestión de los activos fideicomitidos.
Además, en septiembre de 2025 Metalfor había constituido junto con TMF Trust Company (Argentina) un Fideicomiso de Garantía Metalfor. A ese esquema fueron cedidos créditos derivados de préstamos prendarios otorgados a clientes para la compra de maquinaria agrícola y paquetes tecnológicos. La documentación publicada oficialmente incluye decenas de financiamientos concedidos por la compañía.
