Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas señala que en 2024 la función Educación y Cultura experimentó una contracción real del 43,2% comparado con el año anterior, además de reducir su participación en el PBI en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales.
Esta situación se da en el contexto de un proceso más amplio de ajuste del gasto público nacional, aunque el impacto ha sido más marcado en el sector educativo. La caída del presupuesto se debe en gran parte a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios de los docentes en las provincias.
Como resultado, las provincias se han visto obligadas a asumir una mayor carga financiera, lo que ha reforzado la naturaleza descentralizada del sistema educativo en Argentina. En 2025, se mantuvo la tendencia iniciada en 2024, con una caída del 7,9% en términos reales. El IIEP destacó que el recorte se concentró en varios de los principales componentes del gasto educativo nacional, especialmente en las transferencias afectadas a universidades y a programas que benefician a los estudiantes.
Según las proyecciones para 2026, de no haber aumentos en las partidas presupuestarias actuales, se anticipa un nuevo descenso real del 12,7% en el gasto relacionado con la educación. Si esto se concreta, el presupuesto educativo nacional sufriría por tercera vez consecutiva una variación negativa en términos reales, posicionando la participación de Educación y Cultura en el PBI y en el gasto total de la Administración Pública Nacional en los niveles más bajos desde que se comenzaron a registrar estos datos.
En cuanto a programas específicos, las transferencias destinadas a la financiación universitaria, como el programa Desarrollo de la Educación Superior, mostraron una disminución real del 5,4% interanual en 2025. Además, las becas estudiantiles se redujeron en un 42,5%, y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas disminuyó un 49,5%.
Una excepción notable fue el Plan Nacional de Alfabetización, que logró aumentar su ejecución y se consolidó como una de las líneas más importantes de acción de la Secretaría de Educación.
El IIEP también analizó diferentes modelos de financiamiento. Históricamente, el financiamiento se ha organizado en torno a un esquema centrado en la oferta, donde los recursos públicos se asignan a sistemas provinciales e instituciones para garantizar infraestructura, personal docente y salarios, asegurando condiciones básicas de funcionamiento.
En cambio, la asignación por demanda tiende a vincularse con cuasi-mercados educativos, donde el financiamiento y la provisión están separados. Así, el Estado puede sostener la educación mediante transferencias de recursos a familias o estudiantes, permitiendo que elijan entre diversos proveedores educativos, fomentando la competencia y la libertad de elección, mecanismos que buscan mejorar la eficiencia y calidad del sistema.
No obstante, el IIEP aclara que es fundamental considerar los efectos de este modelo sobre la equidad, la cohesión social y la distribución territorial de la oferta educativa. “En contextos de marcada desigualdad, los mecanismos de competencia pueden resultar en una segmentación de la matrícula, debilitando la oferta estatal y ampliando brechas existentes”, subrayó el informe.
El Gobierno está impulsando un debate sobre la posible implementación de vouchers, becas o transferencias directas a familias, centrándose en la libertad de elección y la competencia entre instituciones. Sin embargo, estas propuestas “plantean interrogantes sobre sus efectos potenciales en la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo”, señalaron desde la UBA.
Desde una perspectiva fiscal, el IIEP sostiene que cualquier cambio entre estos modelos no es neutro. El financiamiento que prioriza la oferta permite asignar recursos de acuerdo con criterios de cobertura territorial y sostenimiento institucional. En cambio, el modelo centrado en la demanda traslada decisiones de asignación hacia familias y estudiantes, redefiniendo el rol del Estado y disminuyendo el apoyo a capacidades instaladas, mientras aumenta el subsidio a decisiones individuales.
Desde 2024, se han implementado vouchers para familias con hijos en instituciones privadas subvencionadas, alcanzando a 830.000 estudiantes en 2024 y 504.808 en 2025. “Esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas”.
El IIEP enfatizó que esta implementación ha supuesto un aumento en los recursos nacionales destinados a la educación privada, en un contexto donde el financiamiento a la educación pública se está viendo reducido. En 2023, ya se habilitó la deducción en Impuesto a las Ganancias para gastos educativos privados, un beneficio que principalmente favorece a sectores de mayores ingresos.
Además, la propuesta de “Libertad Educativa” sugiere transferencias a instituciones privadas. En la ley actual, el financiamiento se menciona dentro de un marco de supervisión y, en ciertos casos, subvenciones, pero sin el mandato de “regularidad”.
“Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a elegir una educación acorde a sus valores, esto podría constituir una nueva vía para reforzar el financiamiento a escuelas privadas en un contexto de restricciones a la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener consecuencias desiguales en el acceso a educación de calidad”, advirtió el IIEP.
El informe concluye que el alcance de estas políticas es bastante limitado, dado que la mayor parte de la matrícula se encuentra altamente concentrada en escuelas públicas, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Podemos afirmar que estas políticas podrían contribuir a acentuar las desigualdades territoriales existentes en cuanto a capacidad de financiamiento, dado que las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad de recursos presupuestarios”, finalizó el IIEP.
