La empresa justificó 255 de los despidos mediante el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago del 50% de la indemnización en situaciones de disminución de trabajo no atribuibles al empleador. En las notificaciones, Granja Tres Arroyos argumentó que atraviesa “circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad” que afectaron su funcionamiento.
La compañía continúa negociando con sus acreedores para avanzar en una reestructuración financiera y analiza distintas alternativas para atravesar la crisis. La deuda en discusión ronda los 350 millones de dólares.
Los trabajadores rechazaron el argumento utilizado para justificar las desvinculaciones y sostienen que la situación responde a decisiones empresariales y no a un caso de fuerza mayor. También cuestionaron que la empresa pretenda aplicar el artículo 247 para reducir el monto de las indemnizaciones.
Según explicaron desde la representación sindical, el procedimiento preventivo de crisis acordado durante 2025 venció en febrero de este año y posteriormente fueron rechazados dos intentos de renovación, hasta tanto se regularizaran los pagos y la situación de la planta.
Otro de los puntos de conflicto es el eventual pago de las indemnizaciones. Los trabajadores consideran que la situación financiera de la empresa genera dudas sobre su capacidad para afrontar esas obligaciones y sostienen que, si existieran fondos suficientes para afrontar los pagos, la planta podría continuar produciendo.
El impacto de la crisis también se extiende a la economía de Concepción del Uruguay. La ciudad tiene unos 82.000 habitantes y la actividad de la planta genera empleos directos e indirectos vinculados con distintos servicios de la cadena avícola, entre ellos transporte e incubación. Según estimaciones mencionadas durante el conflicto, durante los últimos tres meses dejaron de ingresar alrededor de 1,4 millones de pesos mensuales en salarios a la economía local.
La situación también generó preocupación por las dificultades que atraviesan algunos trabajadores para sostener tratamientos médicos. En paralelo, el sindicato prepara presentaciones ante una eventual convocatoria de acreedores y evalúa nuevas acciones legales y manifestaciones ante la autoridad laboral provincial.
Durante los últimos meses también se buscaron inversores que puedan reactivar la planta. El establecimiento La China cuenta con certificaciones internacionales y tecnología para producir y exportar pollo a cerca de 70 países. Desde el sector sostienen que la capacidad instalada continúa disponible y que el principal problema es poner nuevamente en funcionamiento la planta.
Los despidos generaron una fuerte reacción entre los trabajadores, que cuestionaron tanto la cantidad de desvinculaciones como la forma en que fueron comunicadas y expresaron su preocupación por el cobro de las indemnizaciones.
El gobernador de Entre Ríos, por su parte, consideró que se trata de una situación puntual de Granja Tres Arroyos y la diferenció del desempeño general de la industria avícola. El mandatario señaló que la provincia implementó programas de asistencia para los trabajadores despedidos y manifestó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse.
