No obstante, este examen fundamental podría ser anulado. Los contenidos del teléfono, sean estos comprometidos o incriminatorios, podrían ser excluidos como prueba en la causa contra Boveri. Este posible desestimiento se debe a que la defensa ha argumentado una “nulidad absoluta” respecto a la pericia, cuestión que deberá ser resuelta en audiencia por la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional a principios del próximo mes.
El allanamiento se realizó el 13 de marzo, casi tres semanas después del inicio formal del caso. Según el informe de la Policía de la Ciudad, Boveri habría entregado “espontáneamente” los códigos de acceso a ambos dispositivos. Sin embargo, su defensa discute este punto: “los hechos no ocurrieron de ese modo”. “Es absolutamente inverosímil lo que se dejó asentado en aquellas actas”, señala la presentación.
La defensa añade que “la orden judicial, vale subrayarlo desde ya, habilitaba la requisa para el posterior secuestro, pero no contenía autorización alguna para interrogar a mi cliente sobre el contenido o los mecanismos de acceso a esos dispositivos”.
Por su parte, Boveri manifiesta en la presentación: “Obviamente, yo no fui espontáneamente corriendo a los policías apenas entraron a mi casa a decirles este es mi celular y esta es mi clave de desbloqueo. Ni siquiera voluntariamente se los dije. De haber sabido que podía no hacerlo, jamás lo hubiera hecho”.
La defensa complementa su argumentación: “Los interrogatorios de las fuerzas de seguridad, traducidos en supuestas ‘invitaciones’ voluntarias, implicaron una intromisión ilegal en la esfera de privacidad del señor Boveri y, consecuentemente, una vulneración manifiesta de su derecho a no declarar contra sí mismo, pues el franqueo de sus dispositivos resultó en un perjuicio procesal”.
El abogado sostiene que Boveri, quien trabajaba en el área de neurocirugía del Hospital Italiano, fue “compelido” y hasta “directamente presionado”, lo que afectó sus derechos constitucionales. Asimismo, criticó que se llevara a cabo la pericia a pesar de la queja presentada. “El perjuicio se concretó”, concluyó la defensa.
Sánchez Sarmiento, en una primera evaluación, había rechazado la impugnación de nulidad el 9 de abril. La defensa ha indicado en su presentación ante la Cámara que se reserva el derecho a apelar hasta la Corte Suprema si la Sala V no falla a su favor.
Por el momento, no se ha realizado la pericia al teléfono de Lanusse debido a problemas de agenda, según informan fuentes del caso.
