El pedido fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, por la fiscal Cecilia Incardona. En su presentación, sostuvo que entre 2020 y 2025 el empresario habría organizado una estructura de sociedades que funcionaba como un circuito financiero común para incorporar dinero de presunto origen ilícito al patrimonio de distintas empresas y personas.
Según la acusación, los fondos habrían provenido de operaciones cambiarias irregulares, intermediación financiera sin autorización, evasión impositiva y previsional y, mediante terceros, actividades vinculadas con el juego ilegal.
La investigación reconstruyó el origen de la estructura empresarial a partir de una agencia de cambio denominada Centro de Inversiones Concordia SRL, que Vallejo habría tomado junto con su madre y otra persona. De acuerdo con la fiscalía, los recursos obtenidos a través de esa actividad habrían permitido posteriormente crear Sur Finanzas Group SA y adquirir su sede central.
La acusación también sostiene que, después de que la agencia recibiera sanciones y solicitara la baja como operadora cambiaria, se habrían transferido sus activos a cuentas personales del financista y de su madre. Desde allí, el dinero habría sido derivado hacia otras agencias vinculadas al grupo, depósitos a plazo fijo y operaciones de compra de bienes.
Además de Vallejo, el pedido de procesamiento alcanza a su madre, Graciela Beatriz Vallejo; al contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; a María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y a su pareja, Maite Sofía Lorenzo.
La presentación también incluye a seis sociedades: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, anteriormente denominada Neblockchain SA, Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA. La fiscalía solicitó que se dicten procesamientos y embargos para los involucrados.
En su planteo, Incardona consideró que las presuntas maniobras de lavado no habrían sido hechos aislados, sino parte de un mecanismo sostenido en el tiempo, que habría involucrado a distintas sociedades y personas para ejecutar operaciones en beneficio del grupo empresarial.
La acusación también contempla de manera independiente la presunta asociación ilícita, la evasión de impuestos y la retención de aportes destinados a la seguridad social que no habrían sido ingresados. Según la fiscalía, estos delitos permitirían explicar parte del origen de los fondos que posteriormente habrían sido incorporados al circuito investigado.
Otro de los puntos centrales del requerimiento es el pedido para que Vallejo continúe detenido. La fiscal argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Como elemento para justificar este último planteo, mencionó un episodio en el que la secretaria del financista habría ordenado borrar información de una computadora utilizada por él. La empleada fue identificada como Daniela Sánchez y el hecho fue incorporado como un posible indicio de interferencia sobre pruebas relevantes para la causa.
La fiscalía también cuestionó el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales Vallejo había obtenido su libertad y puso el foco en la existencia de fondos cuyo destino no habría podido establecerse.
Entre los movimientos señalados figuran casi $1.010 millones que el empresario habría declarado tener en efectivo al cierre de 2023, un depósito de $100 millones en una mutual que no habría sido informado, divisas adquiridas entre noviembre y diciembre de 2025 y el dinero obtenido por la venta de un automóvil Ferrari.
A estos elementos se suma el cuestionamiento sobre el domicilio informado por el financista, que la fiscalía considera que no se correspondería con su residencia real.
Con estos argumentos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el juez avance con los procesamientos, los embargos y la prisión preventiva de Vallejo, mientras continúa la investigación sobre el funcionamiento de las sociedades y el origen de los fondos involucrados.
