El banco cuenta con más de tres millones de clientes en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes. Su crecimiento fue acelerado durante los últimos años, con una estrategia que facilitó la apertura de cuentas mediante la presentación digital de documentos y redujo los requisitos y trámites administrativos. Su cartera está integrada principalmente por trabajadores informales y sectores populares.
La situación generó preocupación entre los ahorristas luego de que se aplicara una restricción para retirar fondos, conocida como corralito, que afecta exclusivamente a los clientes de la entidad. Por el momento, comenzaron a habilitarse devoluciones de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, una suma equivalente a poco más de 1.700 dólares.
Sin embargo, el Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay contempla una cobertura de hasta 228.300.000 guaraníes por persona y por entidad financiera. Por lo tanto, el monto anunciado para las primeras devoluciones representa solamente un desembolso inicial respecto del límite de protección establecido.
Aunque Paraguay se convirtió en un destino cada vez más atractivo para argentinos interesados en invertir en propiedades o instalar empresas, Ueno Bank no suele ser una de las entidades elegidas por residentes argentinos para mantener ahorros en el exterior. Esa función es más habitual en bancos de Uruguay. No obstante, se estima que algunos ciudadanos argentinos también quedaron alcanzados por las restricciones.
La preocupación se extendió especialmente en las ciudades fronterizas de Posadas y Puerto Iguazú, donde algunos argentinos se sumaron a los reclamos de clientes paraguayos para recuperar sus depósitos.
En los últimos años, la comunidad argentina se consolidó como la principal población extranjera residente en Paraguay. Los registros oficiales de Migraciones contabilizan más de 64.000 ciudadanos argentinos, aunque las estimaciones elevan esa cifra hasta cerca de 100.000 personas.
La crisis también reavivó las discusiones sobre la estabilidad del sistema financiero paraguayo y su imagen como destino de inversiones. En ese sentido, se señaló que las dificultades de Ueno Bank no se extendieron a otras entidades, aunque el episodio podría afectar la percepción de seguridad económica que el país había construido.
Entre los principales depositantes de la entidad figura el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo equivalente a la ANSES argentina, con fondos por 1,7 billones de guaraníes. En segundo lugar aparece el Ministerio de Economía paraguayo, con 250.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 43 millones de dólares.
La lista también incluye a la Conmebol, con sede en Asunción, que mantiene depósitos por 85.470 millones de guaraníes, cerca de 15 millones de dólares. El organismo es la máxima autoridad del fútbol sudamericano y organiza competencias como la Copa Libertadores.
En contraste, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), controlada por los Estados argentino y paraguayo, habría descartado colocar fondos en Ueno Bank meses atrás. La decisión se habría tomado ante las dudas que generaban el crecimiento acelerado de la entidad y sus vínculos con el presidente Santiago Peña, quien había sido accionista del grupo empresarial al que pertenece el banco antes de llegar al Poder Ejecutivo.
Otro de los aspectos que generaba preocupación era el volumen de recursos públicos depositados en la entidad y su posterior utilización para otorgar préstamos a empresas y directivos relacionados con los propios organismos depositantes. Esas operaciones fueron señaladas como posibles mecanismos de autopréstamos.
Entre los depositantes también aparece Puente Casa de Bolsa SA, controlada por el grupo Puente Hnos., una firma de origen argentino con actividad financiera en Paraguay. De acuerdo con el listado, ocupa el quinto puesto entre los mayores depositantes de Ueno Bank.
La empresa, por su parte, sostuvo que su exposición financiera ante la entidad es considerablemente inferior a los montos que circularon públicamente y aseguró que representa menos del 2% de sus depósitos.
El episodio mantiene en alerta al sistema financiero paraguayo y abrió un nuevo capítulo de tensión para el gobierno de Santiago Peña, debido a la participación de organismos públicos entre los principales depositantes y a los cuestionamientos sobre los vínculos entre la entidad bancaria y el poder político.
