Las disposiciones fueron objetadas por dos entidades representativas del sector industrial de la provincia de Buenos Aires, que advirtieron que las medidas agregan gastos y trámites a un corredor considerado estratégico para el movimiento de insumos, materias primas y productos destinados a la exportación.
La nueva normativa municipal establece un Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado, mediante el cual los transportistas deben inscribirse y obtener autorizaciones para circular y operar en Ramallo, municipio gobernado por Mauro Poletti, de Unión por la Patria.
Las organizaciones industriales señalaron que el esquema incorpora exigencias similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 en el marco de la desregulación del transporte de cargas. Según plantearon, la medida vuelve a introducir registros, permisos y controles que habían sido suprimidos con el objetivo de simplificar las operaciones logísticas.
El régimen contempla posibles multas, restricciones para circular y retenciones de vehículos en caso de incumplimiento. También establece responsabilidad solidaria para las empresas que contratan el transporte de mercaderías, una disposición que las entidades consideran problemática porque podría trasladar consecuencias de las infracciones a quienes contratan el servicio.
El reclamo se suma al que ambas organizaciones habían formulado en septiembre por la instalación del peaje. De acuerdo con sus estimaciones, atravesar el tramo podría costar entre $25.000 y $62.000 por viaje, con consecuencias para más de 100 empresas argentinas. El gasto anual podría alcanzar los $500 millones por compañía, según advirtieron.
Otro de los puntos cuestionados es el esquema de concesión, que ya fue adjudicado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación. El sistema de telepeaje se instaló sobre el antiguo Camino Provincial 87, una vía que, según las entidades, constituye el único acceso habilitado para el tránsito pesado y no cuenta con recorridos alternativos.
A un mes de la primera advertencia por el cobro, las organizaciones sostuvieron que la situación se agravó con la incorporación de los nuevos requisitos administrativos. Desde su perspectiva, la combinación de peajes, registros y autorizaciones transforma un corredor logístico en una fuente de recaudación y eleva los costos de traslado para el sector productivo.
En ese contexto, cuestionaron que se incorporen nuevas cargas económicas y burocráticas en un escenario en el que las empresas necesitan reducir gastos para competir en los mercados internacionales. Las entidades sostuvieron que los municipios que establecen barreras de este tipo generan nuevas formas del denominado costo argentino y dificultan la integración comercial.
La preocupación también alcanza la posibilidad de que el sistema se replique en otros distritos. Según advirtieron, la multiplicación de peajes y permisos locales podría obligar a pagar cargos adicionales y cumplir trámites diferentes durante un mismo recorrido, encareciendo el traslado de mercancías dentro del país.
Para las organizaciones industriales, el impacto potencial no se limita al transporte: los mayores costos logísticos podrían repercutir sobre las fábricas, el comercio y las exportaciones, al incrementar el gasto necesario para movilizar materias primas, insumos y productos terminados.
