La medida quedó formalizada mediante el decreto 1107/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial. La operación se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, con participación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Enarsa posee el 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano (TMB), ubicada en Campana, y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín (TSM), en Timbúes, Santa Fe. Las centrales tienen una potencia instalada de 823 MW y 865 MW, respectivamente, y en conjunto representan aproximadamente el 10% de la demanda eléctrica del país.
La venta forma parte de la segunda etapa del proceso de privatización de Enarsa. La primera había comenzado con la transferencia de la participación estatal en Citelec, sociedad controladora de Transener. A diferencia de otros procesos anteriores, el decreto referido a estas centrales no incluye un programa de propiedad participativa para los trabajadores.
El proceso tiene además un antecedente particular. Las centrales de Campana y Timbúes fueron construidas a partir de un mecanismo creado en 2004, durante la gestión del entonces ministro de Planificación Julio De Vido, para enfrentar la crisis energética de aquel momento.
A través del Foninvemem, las deudas que las empresas generadoras mantenían con el mercado eléctrico mayorista fueron destinadas a financiar la construcción de dos centrales de ciclo combinado. Como parte del esquema, las compañías privadas quedaron como accionistas minoritarias y el Estado conservó la mayoría del capital.
El mismo modelo se utilizó posteriormente para la central Guillermo Brown, a partir de un acuerdo firmado en 2010. En este caso, el fideicomiso correspondiente vence el 30 de septiembre. A partir de ese momento, Enarsa podrá suscribir las acciones que le correspondan, que representan al menos el 70% del capital, para luego avanzar con la licitación.
Los fideicomisos que administraban las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, con Cammesa como fiduciante y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario, finalizaron el 1° de junio pasado. Esa situación permitió avanzar con el proceso de privatización de las participaciones estatales.
La licitación tendrá algunas particularidades debido a la presencia de accionistas privados en las sociedades. Entre ellos se encuentran Central Puerto, AES y Pampa Energía, que cuentan con derechos de preferencia establecidos en los estatutos de las respectivas compañías.
Esos derechos implican que, frente a una oferta presentada en la licitación, los actuales accionistas podrían igualarla o mejorarla. Por ese motivo, las condiciones específicas de la operación deberán contemplar esta posibilidad. La publicación del pliego permitirá conocer cómo quedará instrumentada esa protección.
La existencia de estos derechos también podría limitar el ingreso de nuevos participantes y hacer que la disputa por las centrales quede concentrada entre los actuales socios. Otro punto que resta definir es si el Gobierno incluirá nuevamente una cláusula destinada a excluir empresas con mayoría de capital estatal.
De mantenerse ese criterio, quedaría impedida la participación de Power Construction Corporation of China (PowerChina), tal como ocurrió en la licitación anterior para las líneas de alta tensión de AMBA I.
Otro elemento que tendrá incidencia en las ofertas será la valuación de los activos. El precio de las centrales se determina a partir de sus ingresos futuros, cuya proyección resulta más compleja luego de los cambios introducidos por el Gobierno en las normas que regulan la remuneración del mercado eléctrico.
El proceso se encuadra dentro del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Milei con el objetivo de fortalecer los recursos del Tesoro. En julio, Caputo había estimado una recaudación de US$800 millones durante 2026 y de otros US$1500 millones para 2027.
Hasta el momento, el Estado obtuvo US$356 millones por su participación en Transener y US$707 millones correspondientes a la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.
La venta de las participaciones en las centrales termoeléctricas representa así un nuevo avance en la reducción de la presencia estatal en el sector energético. Según la Secretaría de Energía, el objetivo es que la gestión de estos activos quede en manos del sector privado, al que atribuye capacidad de inversión y experiencia para operar las centrales.
