La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, a quien el fiscal solicitó distintas medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera de Tapia. Entre los pedidos figura el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil, además de requerimientos de información a distintos organismos públicos.
También se solicitaron a la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina, la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF) datos vinculados con la situación patrimonial y financiera del dirigente.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en abril por Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio declarado por Tapia. Según la presentación, entre 2017 y 2024 se habría producido un incremento de aproximadamente 1.000% en su liquidez, una variación que, de acuerdo con el denunciante, no tendría correspondencia con los ingresos declarados durante ese período.
Tapia ingresó al CEAMSE en 2014 como vicepresidente, durante la gestión de Mauricio Macri, y en 2024 pasó a ocupar la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El CEAMSE es una sociedad estatal encargada de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La presentación judicial también puso bajo análisis los ingresos percibidos por Tapia en sus distintos cargos. Por su función como presidente del CEAMSE recibe 100.233.144 pesos anuales, mientras que por su cargo como vicepresidente de la confederación sudamericana de fútbol percibe 718.536.500 pesos anuales. La presidencia de la AFA, en cambio, es ad honorem.
Antes de avanzar con las medidas de prueba, hubo una discusión sobre qué fuero debía intervenir en el expediente. Finalmente, la Cámara Federal resolvió que la investigación debía tramitarse ante los tribunales federales de Comodoro Py.
Ahora, Pollicita busca reunir la documentación necesaria para establecer si existen elementos que permitan avanzar con una imputación. Para ello pidió acceder a todas las declaraciones juradas presentadas por Tapia durante su trayectoria en el CEAMSE, además de sus legajos laborales y los ingresos que percibió desde su incorporación al organismo.
El fiscal también solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre los viajes internacionales realizados por Tapia y requirió datos sobre los bienes registrados a su nombre en distintos registros públicos del país.
Otro de los puntos incluidos en la investigación son las eventuales inversiones en criptomonedas. A su vez, se pidió mediante un exhorto internacional información a la confederación sudamericana de fútbol sobre el legajo laboral de Tapia, los cargos que ocupa, los ingresos percibidos y otros antecedentes vinculados con su actividad.
Una vez reunida esa información, el fiscal planteó la necesidad de elaborar un informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada, con el objetivo de analizar si los elementos obtenidos permiten sostener una eventual imputación.
La investigación se suma a otros expedientes judiciales vinculados con la conducción de la AFA. Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran procesados por evasión impositiva y, además, son investigados por el manejo de fondos en el exterior, el presunto uso de facturas falsas y la adquisición de una propiedad en Pilar vinculada a Toviggino.
