Durante una exposición sobre energía, González cuestionó que usuarios de todo el país financien mediante un cargo incluido en las facturas los beneficios para hogares alcanzados por el régimen. Según explicó, ese cargo “fue creciendo” y podría aumentar todavía más si no se introducen modificaciones.
La ampliación aprobada en 2021 elevó la cantidad de hogares beneficiarios de unos 780.000 en la Patagonia a aproximadamente 4,2 millones en todo el país. El funcionario consideró que esa extensión se apartó del criterio original del régimen y calificó la medida como un perjuicio para el sistema.
El proyecto impulsado por el Gobierno ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone regresar al esquema de cobertura geográfica establecido originalmente en 2002.
En cuanto a los subsidios energéticos en general, González aseguró que la reducción aplicada durante la actual gestión fue más gradual de lo previsto inicialmente con el objetivo de contener el impacto sobre los ingresos de los usuarios. Según detalló, el recorte acumulado equivale a casi un punto del Producto Bruto Interno desde el comienzo de la gestión.
La meta prevista era reducir los subsidios en 0,5% del PBI, aunque la estimación para este año se ubica cerca del 0,55%. Actualmente, más de la mitad de los usuarios residenciales recibe algún tipo de subsidio. En el caso de la electricidad, la asistencia cubre cerca del 60% del costo de la energía, mientras que en el gas puede alcanzar hasta el 75% durante el invierno.
Para González, el objetivo de fondo no debería limitarse a determinar quién recibe subsidios, sino avanzar en una reducción del costo de la energía. Actualmente, ese valor se ubica entre US$75 y US$85 por megawatt hora y el funcionario planteó como objetivo llevarlo a un rango de entre US$50 y US$60.
Según explicó, Argentina cuenta con los recursos necesarios para alcanzar esos valores, aunque consideró necesario aumentar las inversiones y mantener el proceso de desregulación del sector. Al mismo tiempo, reconoció que algunas obras de infraestructura pueden generar incrementos transitorios en las facturas. Como ejemplo mencionó la obra de transmisión AMBA I, cuyo costo será afrontado por la demanda y no por el Estado.
Durante su exposición, González también se refirió al potencial de Vaca Muerta. Según un estudio encargado por la Secretaría de Energía al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), los recursos técnicamente recuperables de petróleo fueron estimados en unos 30.000 millones de barriles, prácticamente el doble de la estimación anterior.
El funcionario atribuyó esta actualización a la ampliación de la superficie productiva de la formación hacia Río Negro y Mendoza, al mayor espesor útil identificado y a las mejoras tecnológicas que permitieron elevar el factor de recuperación.
De acuerdo con sus cálculos, ese volumen de recursos permitiría sostener casi 100 años de producción y unos 250 años de exportaciones de petróleo.
González también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como una experiencia exitosa por su impacto en la aceleración de proyectos y en el desarrollo de áreas que, según sostuvo, de otro modo no habrían sido explotadas.
El funcionario reconoció, sin embargo, que la carga impositiva argentina es superior a la de Estados Unidos. En ese contexto, sostuvo que el enfoque de la política energética comenzó a cambiar y que la regulación debe orientarse a administrar un escenario de mayor disponibilidad de recursos, en lugar de concentrarse en la gestión de la escasez.
