La dirigente había cuestionado a la selección francesa con una expresión que fue considerada ofensiva por sectores de la oposición, lo que derivó en reclamos para que se analizara su conducta en la Legislatura provincial.
En ese contexto, dirigentes del radicalismo mendocino presentaron en los últimos días un pedido formal de destitución ante la Legislatura provincial, al considerar que la vicegobernadora incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.
Sin embargo, este miércoles la iniciativa fue tratada en la Cámara de Diputados de Mendoza y finalmente fue rechazada. La votación terminó con 33 votos negativos y 11 positivos, mientras que tres legisladores estuvieron ausentes, por lo que el pedido quedó desestimado.
De acuerdo con la normativa provincial, una vez presentado un pedido de juicio político, la Cámara debe definir mediante votación nominal y por mayoría simple si las acusaciones contra el funcionario implican una falta o delito que justifique avanzar con el proceso.
En este caso, al no alcanzar los votos necesarios para continuar, el planteo quedó desestimado y no se dio inicio al juicio político contra la vicegobernadora.
Las declaraciones generaron críticas tanto en el ámbito político nacional como internacional. Ante la repercusión del episodio, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, envió una carta al embajador de Francia en Argentina con el objetivo de bajar la tensión diplomática.
Además, el mandatario provincial se desmarcó públicamente de los dichos de su vicegobernadora y los calificó como expresiones “de carácter discriminatorio”.
Las repercusiones diplomáticas llegaron rápidamente. La Embajada de Francia en Argentina cuestionó los dichos de la vicegobernadora y anunció que la consideraba persona non grata.
El representante diplomático francés sostuvo que la decisión respondía a la defensa de los valores compartidos entre ambos países y afirmó que “en la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo”. Además, calificó como racistas las expresiones de Casado sobre la selección francesa y remarcó que “el racismo no es una opinión, es un delito”.
En su defensa, Casado negó que sus dichos tuvieran un contenido racista o discriminatorio y rechazó la posibilidad de retractarse. La vicegobernadora sostuvo que la polémica surgió por una interpretación vinculada al “correctismo político” y al “wokismo”, y argumentó que sus expresiones se dieron dentro del marco de la rivalidad y el folclore futbolístico. Cuestionó la interpretación de sus críticos y sostuvo que quienes consideran ofensiva la mención a África son quienes le estarían asignando una connotación negativa a ese origen.
El pedido de juicio político había sido impulsado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes basaron la presentación en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El escrito también contó con la firma del exdiputado nacional Fernando Armagnague y otros referentes partidarios.
Los impulsores del reclamo argumentaron que las declaraciones de Casado afectaron la imagen de la institución que representa y generaron un perjuicio para la provincia y sus ciudadanos.
En paralelo, la polémica también tuvo derivaciones judiciales. El abogado Alfredo Guevara presentó una denuncia amparada en la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que comenzó su trámite en la Justicia provincial y luego fue trasladada al fuero federal. Además, el justicialismo promovió distintas iniciativas en la Legislatura mendocina para expresar su rechazo a los dichos de la vicegobernadora.
