La iniciativa fue presentada por Agustín Romo, presidente del bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, y rápidamente sumó respaldo dentro del oficialismo, incluido el apoyo de sectores cercanos a Santiago Caputo, el karinismo y Patricia Bullrich. “Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”, publicó Romo en sus redes sociales.
La propuesta establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán pagar por la atención médica programada y por los estudios universitarios en instituciones provinciales. En el caso de la salud, contempla excepciones para emergencias, vacunación, enfermedades transmisibles y víctimas de trata de personas.
Desde el Gobierno aclararon que la iniciativa no tiene previsto avanzar en el ámbito nacional. En materia sanitaria, implicaría modificaciones sobre la Ley de Migraciones, mientras que para las universidades nacionales ya existe una autorización vigente a través del DNU 366/2025 para que puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que el Gobierno ya habilitó esa posibilidad y que ahora corresponde a cada universidad definir si la aplica. Sin embargo, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron que no tienen previsto implementar ese esquema.
El proyecto bonaerense argumenta que quienes permanecen en el país de manera temporal deberían contribuir al financiamiento de los servicios que utilizan. “No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contribuir a su sostenimiento”, señala el texto presentado.
La iniciativa establece diferencias según la situación migratoria. Los extranjeros con residencia temporaria, transitoria, precaria o sin regularización deberán contar con seguro médico, cobertura de terceros o abonar la prestación antes de acceder a consultas programadas. Los fondos recaudados serían destinados al Fondo Provincial de Salud.
En el ámbito universitario, las casas de estudio provinciales deberán definir los montos y modalidades de pago para estudiantes extranjeros sin residencia permanente.
El debate también abrió una discusión sobre el impacto real de la presencia extranjera en el sistema público. Durante una discusión similar en 2024, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había señalado que los extranjeros representaban una proporción reducida de las atenciones en hospitales de la provincia.
El proyecto no alcanza a quienes cuentan con residencia permanente, por lo que afectaría principalmente a estudiantes internacionales y personas con residencia temporaria o transitoria.
“La idea es evitar lo que nosotros llamamos los estudiantes golondrina: personas que vienen a estudiar, permanecen un tiempo en el país y luego se van”, explicó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, al defender la iniciativa. Según el funcionario, existen empresas que facilitan ese tipo de esquemas en otros países como Brasil y Ecuador.
La discusión sobre el cobro a extranjeros en servicios públicos ya tuvo antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires. A fines de 2024, el bloque libertario porteño, encabezado por la legisladora Pilar Ramírez, había impulsado una propuesta similar dentro de la denominada versión local de la Ley Bases.
Esa iniciativa incluía un esquema para que las personas sin residencia en el distrito abonaran por prestaciones de salud pública, salvo en situaciones de emergencia. Posteriormente, el bloque de La Libertad Avanza planteó establecer prioridad para los residentes porteños y que los extranjeros sin residencia permanente debieran pagar por prácticas programadas o contar con cobertura médica.
Finalmente, el Gobierno porteño avanzó con la implementación de un sistema de cobro para determinados servicios de salud destinados a extranjeros sin DNI argentino. La medida alcanza prestaciones no urgentes, como estudios médicos, internaciones y cirugías programadas.
