El pedido fue formulado durante la última jornada del juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás. El veredicto está previsto para el miércoles 14.
Cabaleyro está acusado por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas, en hechos que se habrían extendido entre 2017 y 2021 y que tuvieron como principal escenario a la empresa Rey Distribución.
Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio pidieron, además de la prisión efectiva, diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según la acusación, Cabaleyro habría utilizado intimidaciones y amenazas contra los propietarios de la compañía para exigirles dinero bajo la advertencia de afectar el funcionamiento de la empresa.
La investigación sostiene que los episodios de presión comenzaron en 2017 y que, ante la negativa de los empresarios a continuar con los pagos reclamados, se produjo un bloqueo de la planta entre el 22 y el 26 de febrero de 2021.
En paralelo, la fiscalía cuestionó el argumento de que las medidas de fuerza respondieran exclusivamente a un conflicto gremial. Desde el sindicato se había planteado que el objetivo era que los 35 trabajadores de la distribuidora dejaran de pertenecer al sindicato de Comercio y pasaran a Camioneros.
La acusación considera que los bloqueos excedieron el ejercicio del derecho a huelga y que fueron utilizados como mecanismo de presión sobre los propietarios de la compañía.
Durante el juicio declaró Ariel Rey, uno de los dueños de la distribuidora, quien relató el conflicto que mantuvo con Cabaleyro y señaló a Fernando Espíndola como una de las personas que intervenían en el esquema de presión. Según su testimonio, Espíndola le habría reclamado pagos periódicos y le habría advertido que ese mecanismo respondía a una estructura vinculada con Cabaleyro.
La contadora de la empresa calculó en $13,5 millones el perjuicio económico provocado por el bloqueo de 2021, monto que, al tipo de cambio de ese momento, equivalía aproximadamente a US$140.000.
Espíndola también fue detenido en el marco de la investigación y decidió resolver su situación mediante un juicio abreviado. Acordó una pena máxima de seis años de prisión, aunque el acuerdo todavía debe ser homologado por la jueza Elena Baquedano.
La causa también tuvo como testigo al intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar, quien explicó que había intentado intervenir para destrabar el conflicto. Su declaración generó un momento de tensión durante el debate luego de que se reprodujera un audio de una conversación telefónica con Cabaleyro.
En esa comunicación, según quedó expuesto durante el juicio, el dirigente le habría indicado al intendente que había impartido instrucciones a la Policía para evitar que quedara registrada formalmente la existencia del bloqueo.
El episodio ocurrió poco después de que la fiscal Viviani ordenara el desalojo de los sindicalistas que permanecían dentro de la planta.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada en febrero de 2021 por Rey Distribución contra Cabaleyro, Espíndola y otros trabajadores vinculados con Camioneros. La empresa sostuvo entonces que había recibido pedidos de dinero para poder continuar desarrollando su actividad sin obstáculos.
La representación legal de los hermanos Rey estuvo a cargo de la Asociación Anti Bloqueo y de la abogada Florencia Arietto, quien durante el juicio solicitó una pena de 15 años de prisión para Cabaleyro.
Ahora, el Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás deberá resolver si existen elementos suficientes para condenar al dirigente por los delitos que se le atribuyen. El fallo se conocerá el miércoles 14.
