El juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, extendió el procesamiento a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira, quien es considerado beneficiario indirecto de esta operación. Además, el magistrado incluyó a varios empresarios asociados con Cian: Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón.
Las acusaciones de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos fueron desestimadas por el juez. Carbajal, exdiputado nacional por la UCR, tomó esta decisión luego de que el actual gobernador, Leandro Zdero, presentara una denuncia en mayo de 2024, a través de Ana María Canata, directora del Instituto de Tierras Fiscales. El fiscal Carlos Amad participa en el caso y solicitó las medidas pertinentes.
La investigación se centra en la adjudicación supuestamente irregular de cuatro campos rurales en el Departamento Almirante Brown, que suman una extensión total de 3.635 hectáreas. En 2023, dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron asignadas a Storti y Bessone, mientras que Pochón recibió una parcela de 623 hectáreas y otra de 512 hectáreas.
Se señala que estos empresarios tienen vínculos comerciales con Cian a través de empresas del sector agropecuario. El juez consideró que Soneira debió apartarse del proceso por su conexión con los otros implicados. La investigación pone en la mira la posible existencia de informes de inspección similares elaborados en el mismo día, así como traslados y pérdidas de documentos clave. También se indagan los supuestos beneficios proporcionados a empresas asociadas a Cian, incluyendo subsidios y exenciones fiscales.
Capitanich se encuentra en el centro de la controversia, dado que firmó los decretos que autorizaron las adjudicaciones como gobernador. Tras el fallo judicial, el exmandatario chaqueño manifestó su intención de apelar. “Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado”, adelantó.
El exgobernador subrayó: “Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”. Al respecto, insistió en que “la adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad” y criticó el accionar de la Justicia Federal, indicando que “funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos”.
Capitanich explicó que “cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional”. En este sentido, destacó que la normativa chaqueña exige un decreto firmado por el gobernador para lotes mayores a 300 hectáreas.
“Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente”, comentó. Además, enfatizó: “Durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra, facilitando el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron permanecer y apostar por la provincia”.
Capitanich consideró “incongruente, inconsistente y temerario” juzgar a un gobernador por decisiones administrativas tomadas en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, expresó su rechazo a la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución, asegurando que defenderá su actuación con firmeza en cada instancia judicial y afirmando que “al final, la verdad siempre triunfa”.
