El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) ha rechazado nuevamente la solicitud del fiscal general Diego Velasco para acelerar el proceso y establecer una fecha para el inicio del juicio que enfrentará a Cristina y Máximo Kirchner, junto a Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros, por delitos relacionados con lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas en los casos unificados Hotesur-Los Sauces. A pesar de esto, los jueces han programado una audiencia ordenatoria para el 4 de septiembre, aunque no está claro si el juicio comenzará a finales de este año o se postergará hasta 2027.
Desde que en diciembre de 2024 la Corte Suprema desestimó el último recurso presentado por Cristina y otros acusados contra el proceso, el fiscal Velasco ha reiterado en múltiples ocasiones a los jueces del TOF 5, José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, la importancia de fijar una fecha para el juicio por corrupción en contra de la exmandataria.
El fiscal sostiene que, aunque se espera la finalización de una pericia contable sobre una de las empresas de la familia Kirchner involucradas, el juicio podría realizarse independientemente. Tras el primer rechazo del Tribunal a su petición, el representante del Ministerio Público apeló dicha decisión, la cual fue recientemente desestimada.
En la misma resolución, el TOF 5 ha convocado a todos los imputados a una audiencia preliminar el 4 de septiembre a las 10 de la mañana. En esta reunión, las partes involucradas -fiscalía, querellas y defensas- acordarán aspectos relacionados con el desarrollo del juicio, como el número de testigos, la cantidad de audiencias por semana y los horarios, entre otros detalles.
Fuentes judiciales han indicado que se han solicitado un total de 400 testigos, y el TOF 5 está evaluando si será necesario convocar a todos ellos para el inicio del juicio.
En su primer rechazo a la solicitud del fiscal, el presidente del TOF 5, José Michilini, argumentó que las razones presentadas “no son factores o índices de premura y no pueden ir en detrimento de las condiciones necesarias que establece nuestro código de rito para la fijación de un debate, especialmente cuando la norma procesal tiene el interés de proteger el derecho de defensa en juicio”.
Michilini también señaló que las medidas pendientes “pueden influir y determinar la estrategia de defensa a emplear, sobre todo en el inicio del debate, donde se prevé el planteamiento de cuestiones preliminares y se llama a indagatorias a los acusados”.
Además, el magistrado enfatizó que la relevancia pública del caso, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, “no debe trasladarse al proceso de toma de decisiones por parte de los firmantes en detrimento de las garantías procesales que rigen nuestra materia”.
Atender lo solicitado por el fiscal, prosiguió, “resultaría violatorio de las normas procesales vigentes, y además implicaría poner eventualmente en riesgo la validez de los procedimientos.”
