La decisión de no facilitar el inicio del debate fue una señal de los mandatarios Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, en medio de las diferencias que mantienen con la Casa Rosada por las negociaciones del presupuesto 2027 y la distribución de los representantes de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.
La postura quedó expuesta en el propio recinto. Los diputados cordobeses y santafesinos ingresaron al lugar, pero permanecieron de pie y no ocuparon sus bancas, por lo que no contribuyeron a reunir el número necesario para habilitar la sesión. Entre ellos se encontraba Juan Schiaretti.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó modificar la decisión de los legisladores cuando se acercaba el vencimiento del plazo reglamentario. Desde el estrado les recordó que faltaban dos minutos para completar la media hora prevista, pero los diputados mantuvieron su posición y la sesión no pudo comenzar.
Uno de los principales puntos de conflicto es la designación del representante de la tercera minoría de Diputados en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de intervenir en la selección y el control de los jueces. Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas respaldan la postulación de Juan Brugge para ocupar ese lugar y sostienen que les corresponde por contar con un bloque de 18 integrantes.
Sin embargo, en las últimas jornadas tomó fuerza otra alternativa: un posible acuerdo entre el oficialismo y el bloque Pro para impulsar a Florencia De Sensi. Ese espacio cuenta con 12 diputados y su eventual entendimiento con el Gobierno generó malestar entre los representantes de Provincias Unidas, que reclaman el lugar en función de su peso parlamentario.
Las diferencias también alcanzan las negociaciones por el presupuesto 2027, que obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante la jornada anterior. Aunque Llaryora y Pullaro mantienen canales de diálogo con el Gobierno nacional, sus legisladores consideran que los planteos de ambas provincias no fueron contemplados durante la discusión del proyecto.
Otro de los reclamos está relacionado con el avance de un nuevo régimen de biocombustibles. La iniciativa permanece sin tratamiento en comisión luego de recibir objeciones del bloque Pro. Su aprobación es un tema de especial interés para las provincias productoras, entre ellas Córdoba y Santa Fe.
La decisión de no aportar quórum impidió que el oficialismo avanzara con una agenda que incluía el tratamiento de la ley Malvinas, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y distintos acuerdos comerciales y judiciales.
El episodio dejó expuestas las dificultades del Gobierno para sostener acuerdos parlamentarios con los mandatarios provinciales y sus representantes legislativos. La falta de entendimientos en torno a los cargos institucionales, el presupuesto y las iniciativas productivas volvió a complicar la posibilidad de reunir los apoyos necesarios para avanzar con la agenda oficial en el Congreso.




