El encuentro se realizó en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) y contó con la participación del director general de Aduanas, Andrés Velis, junto con otros funcionarios del organismo. Entre los principales temas de discusión estuvo el desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial para identificar posibles maniobras de subfacturación a partir de la comparación de precios, cantidades y referencias internacionales.
La preocupación empresarial tiene respaldo en los resultados de un relevamiento realizado en septiembre por el Centro de Estudios de la entidad industrial, sobre una muestra de 628 empresas. El 59,7% de las firmas consultadas consideró alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad.
Entre las principales consecuencias, las empresas señalaron la caída de las ventas, la presión para reducir precios y la pérdida de rentabilidad. El problema se presenta en un contexto de debilidad de la demanda interna, que aumenta las dificultades para competir con productos comercializados a valores que los industriales consideran artificialmente bajos.
Uno de los ejes del planteo fue la subfacturación de importaciones, una práctica que consiste en declarar un valor inferior al real para reducir la base sobre la que se calculan los tributos. Los empresarios advirtieron que estas maniobras generan diferencias en las condiciones de competencia y afectan a los productores que operan dentro de las normas vigentes.
Como respuesta, las autoridades aduaneras expusieron los avances de una herramienta tecnológica destinada a detectar operaciones cuyos valores declarados se aparten de las referencias internacionales. El sistema buscará relacionar los precios y volúmenes de las mercaderías importadas para identificar posibles inconsistencias y orientar las tareas de fiscalización.
La agenda también incluyó el contrabando de productos que ingresan al país por circuitos irregulares. En este punto, los representantes industriales reclamaron más controles en los pasos fronterizos, ampliación de los horarios de atención aduanera y mayor incorporación de tecnología, incluidos escáneres para inspeccionar mercaderías.
Entre las propuestas presentadas figuran además la declaración electrónica anticipada, la selección de operaciones según perfiles de riesgo y el fortalecimiento de las auditorías posteriores al ingreso de los productos. También se planteó la posibilidad de incorporar representantes sectoriales que aporten conocimientos técnicos sobre las características, los valores y el origen de determinadas mercaderías.
Otro de los aspectos abordados fue la capacitación del personal que interviene en los controles fronterizos. El objetivo es mejorar la identificación de productos que requieren conocimientos específicos para verificar su procedencia y el cumplimiento de las normas aplicables.
El comercio electrónico también formó parte de la discusión. Las ventas de productos presuntamente ilegales a través de plataformas digitales representan una dificultad adicional para la fiscalización. En ese ámbito, se analizaron mecanismos de cooperación para facilitar las denuncias y retirar publicaciones irregulares, aunque la continuidad de las ventas desde nuevas cuentas plantea dificultades para sostener los controles.
En cuanto a las medidas que consideran prioritarias, el 33,2% de las empresas relevadas pidió fortalecer los controles aduaneros. El relevamiento también identificó la necesidad de mejorar la fiscalización de la facturación y los mecanismos de control sobre el comercio electrónico.
Como parte de los próximos pasos, se propuso establecer un canal de diálogo técnico permanente entre los representantes industriales y las autoridades aduaneras. La iniciativa apunta a agilizar el intercambio de información sobre operaciones sospechosas, aportar datos específicos sobre productos y valores de referencia, y realizar un seguimiento de las medidas que se implementen.
El objetivo planteado por el sector es mejorar la detección de irregularidades y reducir las diferencias de competencia entre los productos que ingresan por vías legales y aquellos que se comercializan fuera de las normas. La efectividad de las medidas dependerá de la capacidad de los organismos de control para incorporar herramientas tecnológicas, coordinar acciones y sostener la fiscalización en las distintas etapas del comercio.
