La propuesta había sido impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y llevaba las firmas del presidente Javier Milei y de otros integrantes del Gabinete: Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Diego Santilli.
El pedido de retiro se formalizó el martes 3 de noviembre a las 22.50, mediante una nota firmada por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Para entonces, distintos integrantes del Gobierno ya habían intentado tomar distancia de la disposición tributaria y la habían atribuido a un documento desactualizado. Por el momento, dentro del oficialismo no está definido si el proyecto volverá a presentarse en el corto plazo.
El recorrido de la iniciativa estuvo marcado por una rápida sucesión de decisiones. El texto ingresó al Congreso el sábado por la noche, aunque su recepción administrativa quedó registrada el lunes 2 de noviembre. El martes 3 tomó estado público y, antes de finalizar esa misma jornada, el Ejecutivo solicitó retirarlo en su totalidad.
Uno de los aspectos que generó mayores cuestionamientos fue la fecha de aplicación del impuesto. El proyecto establecía que el nuevo tratamiento tributario alcanzaría a los CEDEAR adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive, y dejaría afuera las tenencias anteriores. Sin embargo, Milei había firmado digitalmente la iniciativa el sábado 31 a la 1.42 de la madrugada, es decir, durante las primeras horas del mismo día previsto para el inicio de la vigencia del gravamen.
Ese día también se había firmado el envío del expediente a la Cámara baja, mientras el vicejefe de Gabinete se encontraba de viaje en Estados Unidos. La documentación llegó al Congreso durante la noche, aunque existen versiones diferentes sobre el procedimiento posterior: una sostiene que se pidió mantenerla reservada en la Secretaría Parlamentaria, mientras que otra indica que siguió el circuito administrativo habitual y fue publicada el martes en el trámite parlamentario.
El artículo cuestionado contemplaba una alícuota del 15% sobre las ganancias obtenidas por la venta de CEDEAR, certificados que permiten invertir desde el mercado argentino en acciones de compañías extranjeras. La intención era equiparar su tratamiento impositivo con el de las operaciones realizadas directamente en el exterior. La modificación no habría alcanzado a los certificados comprados antes de la fecha establecida.
La propuesta provocó cuestionamientos en el ámbito financiero y abrió un frente de conflicto para el Gobierno, especialmente por el contraste con los reiterados compromisos presidenciales de no aumentar ni crear nuevos impuestos.
Las críticas se multiplicaron en las redes sociales y motivaron intervenciones de distintos integrantes del oficialismo. Durante la tarde del martes, Santiago Caputo respondió a un usuario que cuestionaba el gravamen y anticipó que se ocuparía del tema. Minutos después, un asesor del ministro de Economía comunicó que la disposición no avanzaría y atribuyó su inclusión a un borrador anterior.
Desde el Ministerio de Desregulación también buscaron deslindar responsabilidades y señalaron que las cuestiones tributarias corresponden al área económica, mientras que esa cartera tiene a su cargo los aspectos regulatorios.
La postura contrastó con la presentación que Sturzenegger había realizado a comienzos de octubre durante una actividad vinculada con el mercado de capitales, en la que había definido al proyecto como el cierre de un proceso de transformación financiera. En aquella oportunidad, sin embargo, no había hecho referencia a la incorporación del impuesto a los CEDEAR.
La decisión de retirar toda la iniciativa, en lugar de modificar únicamente el artículo cuestionado, también estuvo vinculada con las posibles consecuencias políticas de mantener abierto el expediente. En el Gobierno existía preocupación por la posibilidad de que sectores de la oposición aprovecharan el tratamiento legislativo para impulsar otras propuestas de gravámenes sobre operaciones financieras.
En ese escenario, el antecedente de un proyecto presentado en septiembre por el diputado Máximo Kirchner sumó inquietud al oficialismo. La iniciativa proponía crear un Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital para gravar la salida del país de divisas, valores negociables y activos virtuales. Aunque se trata de una propuesta diferente, su existencia fue considerada dentro del análisis político sobre el futuro del expediente.
La marcha atrás se produjo, además, en un contexto de dificultades previas para coordinar las decisiones del Poder Ejecutivo con las negociaciones parlamentarias. Poco más de un mes antes, el oficialismo había atravesado un conflicto por la presentación del proyecto de Presupuesto, que incluía la derogación de aspectos centrales de la legislación sobre discapacidad, mientras sus diputados negociaban con bloques aliados una nueva normativa sobre esa materia.
Aquella contradicción complicó las conversaciones en el Congreso y obligó al Gobierno a aceptar buena parte de los reclamos de sus socios parlamentarios. Finalmente, se avanzó con una ley que restituyó numerosos puntos de la normativa vigente, aunque sin recuperar formalmente la denominación de emergencia en discapacidad. La iniciativa contó también con el respaldo del peronismo y fue girada al Senado.
A diferencia de aquel episodio, en el caso de Competitividad Financiera el Ejecutivo optó por retirar la propuesta antes de que comenzara su discusión parlamentaria.
