La investigación apunta a una presunta asociación ilícita que habría provocado un perjuicio superior a los 12.700 millones de pesos. En ese contexto, el magistrado amplió las imputaciones contra varios involucrados y convocó a declarar a 21 personas y 17 empresas. Entre las personas alcanzadas por la investigación se encuentra Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario, cuya imputación también fue ampliada.
La decisión de revocar la excarcelación se fundamentó en la existencia de riesgos procesales concretos. Según el juez, Vallejo no cumplió con las obligaciones que debía respetar para permanecer en libertad, entre ellas presentarse mensualmente ante la Policía Federal, informar cualquier modificación de su domicilio y entregar los vehículos que permanecían bajo depósito judicial.
El expediente señala que el empresario no realizó las presentaciones periódicas exigidas y tampoco restituyó todos los vehículos secuestrados dentro de los plazos establecidos. Algunos fueron entregados fuera de término, mientras que otros continuaban pendientes de devolución.
Las dudas sobre su lugar de residencia también fueron determinantes para resolver la detención. Cuando se intentó notificarlo en el barrio cerrado que había declarado como domicilio, personal de seguridad informó que no vivía allí desde hacía aproximadamente un año.
Posteriormente, Vallejo se presentó ante la Policía y manifestó que residía en una vivienda de Banfield. Esa dirección fue corroborada por su madre, aunque las diligencias posteriores tampoco permitieron localizarlo en ese lugar.
Para el magistrado, los incumplimientos detectados exceden las irregularidades administrativas y generan incertidumbre sobre el domicilio efectivo del imputado. En función de esas circunstancias, consideró que no estaban dadas las condiciones para mantener el beneficio de la excarcelación y dispuso nuevamente su detención.
