La justicia ha emitido un fallo rotundo que establece un precedente al reconocer el ADN del joven como heredero directo del terrateniente, al tiempo que le otorga una indemnización por daño moral que le permitirá al menos adquirir una vivienda.
Un secreto que se susurraba durante décadas, tres años de silencio y un largo proceso judicial culminaron en una decisión inesperada. En esta apacible localidad bonaerense, la verdad emergió tras 33 años, trayendo consigo el peso de un tsunami. Lo que comenzó como el afán de un joven humilde por conocer la identidad de su padre, se transformó en una sentencia histórica de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca. Esta determinó que un conocido productor rural debe indemnizar a su hijo biológico con una suma equivalente al costo de una casa de tres ambientes.
La historia, que podría ser el guion de una telenovela, se desarrolla en Indio Rico, a menos de 200 kilómetros de Bahía Blanca. Allí, un joven, que ha crecido en medio de privaciones y que ha trabajado arduamente como peón de albañil, logró finalmente hacer justicia ante el hombre que eligió ignorar su existencia.
Las penurias del joven comenzaron desde su nacimiento, el 3 de julio de 1989. Mientras su padre biológico prosperaba a través de la agricultura y la ganadería, el niño crecía en una pequeña y modesta vivienda en una planta de silos, siendo sostenido económicamente por su abuelo materno.
Su madre, quien se desempeñaba como limpiadora, nunca omitío la verdad. La relación entre sus padres fue de dominio público en la comunidad: ambos asistían a eventos sociales, a bailes, y todos conocían la historia. Sin embargo, el rechazo del padre dejó cicatrices profundas. Las carencias no solo fueron de índole material, sino que también truncaron el sueño del joven de estudiar veterinaria.
A los 15 años, su madre inició un juicio de filiación. Según lo revelado, la tramitación resultó una odisea burocrática que se extendió por años. Una vez que alcanzó la mayoría de edad, el joven continuó con el proceso judicial. En abril de 2022, un análisis de ADN confirmó legalmente lo que la comunidad ya sospechaba. Pero la lucha no concluyó ahí; el joven demandó una compensación adecuada.
Con el fallo a su favor en cuanto a la paternidad, su abogado prosiguió con una demanda por daños y perjuicios. El argumento del agricultor para defenderse ante la Cámara, compuesta por los jueces Marcelo Restivo, Fernando Kalemkerian y Patricio Lombardi, se volvió en su contra de manera imprevista.
El hombre sostuvo que, al pertenecer Indio Rico a una comunidad pequeña, era imposible ocultar una relación como la suya. La respuesta de los magistrados fue contundente: si realmente era inconfundible tal situación, entonces también debería haber reconocido la obviedad de su paternidad.
En un fallo trascendental, los jueces indicaron que el reconocimiento de un hijo extramatrimonial no es opcional y enfatizaron que ante cualquier duda sobre la paternidad, un progenitor no puede permanecer inactivo. La falta de reconocimiento perjudicó severamente el derecho a la identidad del joven, dejándole secuelas psicológicas que persisten hasta hoy.
“Me sentí no valorado, descartado, desconocido y despojado del apellido que me pertenece”, relató el afectado en el expediente. Los especialistas diagnosticaron un 10% de incapacidad psicológica a causa del trauma, la baja autoestima y el sentimiento de menosprecio por el abandono de su padre.
El juez de primera instancia en Tres Arroyos, Fernando Elizalde, emitió una sentencia que fue ratificada de manera contundente por la Cámara. Aunque la identidad no puede valorarse monetariamente, los jueces decidieron establecer una “satisfacción sustitutiva” que compense tantos años de desprecio.
Mientras el demandado tiene en su poder al menos dos campos valorados en más de 730.000 dólares, su hijo biológico reside actualmente con su pareja e hijos en una vivienda prestada por sus suegros.
Para indemnizarlo, un perito estimó en 65.000 dólares el valor de una vivienda estándar en el centro de Tres Arroyos (dos dormitorios, living, cocina, baño, cochera y patio), suma que deberá abonar el terrateniente para proporcionarle a su hijo el hogar que nunca tuvo.
Además de esta compensación, el demandado deberá financiar completamente un tratamiento psicológico durante al menos dos años, con sesiones semanales, para ayudar a sanar las heridas emocionales resultantes del rechazo.
Aunque los años de infancia perdidos y el deseo incumplido de asistir a la universidad son irrevocables, este fallo histórico establece un hito en la jurisprudencia local: el abandono paterno y el daño a la identidad tendrán consecuencias significativas.
