El aviso llegó alrededor de las 3 de la mañana mediante un mensaje dirigido a todo el personal. Allí se informó que la compañía se había quedado sin fondos para continuar funcionando y afrontar sus obligaciones, después de haber buscado distintas alternativas para evitar el cierre.
La comunicación precisó que, a partir del 2 de octubre, los empleados ya no debían presentarse a trabajar. También señaló que con el pedido de quiebra comenzaría una etapa judicial para resolver las cuestiones vinculadas con los pagos y los pasos posteriores a la desvinculación.
La empresa sostuvo que durante los últimos meses intentó preservar las fuentes laborales y continuar con el funcionamiento de la cadena, pero que no logró encontrar una alternativa viable. En el mismo mensaje expresó que el cierre implicaba la pérdida del proyecto, del trabajo realizado durante años y del capital destinado a su desarrollo.
La situación ya había comenzado a afectar a algunos locales la semana anterior. El viernes habían cerrado las sucursales ubicadas sobre la avenida San Martín, en Villa Crespo, y en la calle Sanabria, en Villa Devoto. En ese momento, a los trabajadores se les había explicado que los costos del alquiler impedían renovar los contratos.
Sin embargo, este viernes la medida alcanzó al resto de las sucursales. Uno de los empleados desvinculados relató que las cerraduras fueron modificadas durante la madrugada y que las pertenencias personales de los trabajadores quedaron dentro de los establecimientos.
Los empleados conocían la situación de la empresa y su ingreso al concurso preventivo. Según explicó uno de los trabajadores, desde la compañía les habían transmitido que existía la posibilidad de recibir fondos de rescate provenientes de Dinamarca, una expectativa que finalmente no se concretó.
En cuanto a los salarios, el trabajador señaló que los sueldos fueron depositados el miércoles junto con el aguinaldo correspondiente a junio, que se encontraba pendiente. Sin embargo, afirmó que no se habían realizado los aportes ni abonado la obra social y que tampoco se habían pagado indemnizaciones.
La crisis financiera había sido expuesta por la propia empresa en su presentación judicial de noviembre del año pasado. Allí atribuyó el deterioro de su situación a la incertidumbre económica, la recesión, la inflación y el fuerte incremento de los costos, factores que, según indicó, provocaron una caída superior al 50% en el consumo respecto del volumen histórico de la compañía.
Pandanés había desarrollado un esquema de producción centralizada para abastecer sus locales desde una planta de 1.700 metros cuadrados. En medio del deterioro financiero, acumuló cheques rechazados por aproximadamente $58 millones y reconoció ante la Justicia que los compromisos asumidos mediante esos instrumentos habían superado su capacidad de recaudación.
La empresa también detalló que había aplicado distintas medidas para intentar revertir la situación. Entre ellas mencionó una reducción y reorganización de costos, renegociaciones de alquileres, modificaciones en la red de proveedores, ampliación de la oferta de productos, acuerdos impositivos y cambios en la estructura operativa.
El escenario se produjo en un contexto de fuerte contracción para el sector panadero. De acuerdo con datos de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), las ventas de pan tradicional registraron una caída de entre 50% y 60%, mientras que las correspondientes a facturas y productos de pastelería descendieron alrededor de 80%. La entidad señaló que el comportamiento de los consumidores se modificó y que las compras pasaron a concentrarse en cantidades determinadas por el dinero disponible.
