El máximo tribunal estadounidense había extendido en agosto por 30 días el período para presentar el recurso, conocido jurídicamente como writ of certiorari. El plazo original vencía el 31 de agosto y la prórroga llega ahora a su término.
La posibilidad de recurrir a la Corte Suprema quedó abierta luego de que, en marzo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocara el fallo de primera instancia que había condenado a la Argentina. De esta manera, quedó sin efecto la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska.
Aquella resolución había determinado que el Estado argentino había incumplido los estatutos de YPF al no respetar los derechos de accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. Como consecuencia, había fijado una compensación de US$16.100 millones, monto que con los intereses podría alcanzar aproximadamente los US$18.000 millones.
La revocación de esa sentencia fue considerada por el presidente Javier Milei como “el mejor escenario posible”. En junio, además, el tribunal de Nueva York rechazó el pedido de los fondos para que se reconsiderara el fallo, lo que dejó como siguiente alternativa la presentación ante la Corte Suprema estadounidense.
Sin embargo, que los demandantes presenten el recurso no significa que el máximo tribunal vaya a intervenir. La Corte Suprema selecciona los casos que acepta revisar y recibe cada año entre 7.000 y 8.000 solicitudes de certiorari, de las cuales toma alrededor de 100.
Mientras avanza esta instancia judicial, Burford Capital, que adquirió los derechos para continuar el litigio contra la Argentina después de la quiebra de las empresas Petersen, inició además una vía alternativa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El organismo, perteneciente al Grupo Banco Mundial y con sede en Washington, interviene en disputas entre inversores extranjeros y Estados mediante procedimientos de arbitraje y conciliación. Actualmente se encuentra en proceso de conformación el tribunal arbitral encargado del caso, una etapa que puede extenderse hasta 90 días.
El procedimiento ante el Ciadi podría prolongarse entre cinco y diez años y tendrá carácter confidencial. La demanda se basa en el tratado bilateral de inversiones firmado por la Argentina y España en 1991, que, según el planteo, no establece una fecha de vencimiento ni un plazo de prescripción.
La Procuración del Tesoro recibió la notificación de Burford y prepara la defensa argentina para el proceso arbitral. El caso se suma a otros antecedentes en los que el país enfrentó decisiones adversas en este tipo de litigios, entre ellos el relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas por el incumplimiento de un tratado comercial con España.
