Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez resolvieron por unanimidad que las presentaciones habían sido realizadas dentro de los plazos correspondientes, pero determinaron que no resultaban admisibles porque la resolución cuestionada no tenía carácter definitivo. El tribunal también recordó que, de acuerdo con la doctrina reiterada de la Suprema Corte bonaerense, las decisiones sobre medidas cautelares no constituyen, en general, sentencias definitivas que puedan ser revisadas mediante recursos extraordinarios. En este caso, además, consideró que no existían circunstancias excepcionales que justificaran apartarse de ese criterio.
De esta manera, la Cámara resolvió denegar la concesión de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad solicitados por AySA.
La medida cautelar había sido dictada inicialmente a pedido del Defensor del Pueblo bonaerense y luego fue confirmada por la propia Cámara tras rechazar una apelación de la empresa. La resolución establece que AySA debe mantener las condiciones esenciales de prestación del servicio y abstenerse de modificar, limitar, reducir, diferir, suspender o desnaturalizar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el medio ambiente.
El conflicto judicial se desarrolla mientras el Gobierno avanza con el proceso para transferir la compañía al sector privado. El esquema contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional. La licitación pública nacional e internacional fue autorizada por el Ministerio de Economía y permitirá transferir ese paquete a un operador estratégico. El 10% restante corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con las condiciones que deberá cumplir el futuro operador. La presentación realizada por la Defensoría bonaerense advierte sobre posibles retrasos en las obras, una eventual disminución de las inversiones o una flexibilización de los controles, con potenciales efectos sobre el ambiente y la salud pública. Al confirmar la cautelar el 8 de septiembre, la Cámara consideró necesario mantener esa protección preventiva mientras se analiza el fondo de la cuestión.
Desde el Gobierno se sostiene, en cambio, que la incorporación de un operador privado permitirá contar con capacidades técnicas y financieras para ampliar la red y mejorar la prestación del servicio.
Ante la vigencia de la cautelar, AySA profundizó su estrategia judicial. El 21 de septiembre presentó recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad contra la resolución de la Cámara que había mantenido la medida. La empresa planteó, entre otros argumentos, la existencia de gravedad institucional, cuestionó la verosimilitud del derecho invocado y sostuvo que no estaba acreditado el peligro en la demora. También planteó una posible afectación del interés público y cuestionó el cumplimiento de los requisitos jurídicos necesarios para sostener la cautelar.
La Cámara rechazó esos planteos y, al hacerlo, dejó vigente la medida preventiva. Sin embargo, la decisión no implica el cierre de la disputa ni supone la cancelación del proceso de privatización.
La Justicia bonaerense ya había determinado que no le corresponde intervenir en el fondo del expediente debido al carácter federal de AySA y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 4, de La Plata. Ese tribunal deberá intervenir en la continuidad del proceso.
La Cámara recordó además que la Ley 26.854 establece que el juez que acepte la competencia debe pronunciarse sobre el alcance y la vigencia de la medida cautelar dentro de un plazo que no puede superar los cinco días.
Así, el avance de la privatización continuará mientras permanece vigente una restricción judicial sobre las obligaciones que AySA debe mantener durante el proceso. La próxima definición sobre el alcance de esa medida quedará en manos de la Justicia Federal.
