El mecanismo establece que los empleadores deberán realizar aportes mensuales destinados a cubrir futuras indemnizaciones. Esos recursos serán administrados mediante vehículos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Las estimaciones sobre el volumen de dinero que podría movilizar el FAL varían según el escenario considerado. Algunas proyecciones ubican el flujo de ahorro institucional en torno a los 2000 millones de dólares anuales, mientras que las estimaciones oficiales elevan el potencial hasta los 4000 millones de dólares por año.
El fondo podrá invertir en distintas alternativas, entre ellas depósitos bancarios, obligaciones negociables de empresas, deuda del Tesoro Nacional y títulos provinciales. Sin embargo, la resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía establece condiciones específicas para los instrumentos de deuda corporativa y provincial: deben contar con una calificación de riesgo AAA en la escala nacional otorgada por, al menos, dos agencias registradas ante la CNV.
El requisito de contar con dos calificaciones funciona como una barrera de acceso para las provincias. Ninguna jurisdicción provincial alcanza actualmente esa condición en la escala local. Hasta ahora, la Ciudad contaba con una calificación AAA otorgada por una agencia internacional, pero la reciente mejora de su nota por parte de S&P completó el requisito exigido por la normativa.
De esta manera, la Ciudad se convirtió en la única jurisdicción provincial cuyos títulos pueden ser incorporados por fiduciarios y administradores de los fondos del FAL. El resto de las provincias, al no reunir las calificaciones requeridas, queda imposibilitado de emitir letras o bonos destinados a ser adquiridos por estos vehículos.
La situación podría ampliar las diferencias existentes en materia de financiamiento y liquidez entre la Ciudad y las provincias. A esto se suma el redireccionamiento hacia el FAL de una parte de las contribuciones patronales que anteriormente tenían como destino la Anses, lo que tendrá impacto sobre los recursos provinciales.
La normativa también establece límites para evitar que las inversiones del FAL queden excesivamente concentradas en un mismo emisor. La exposición total a deuda provincial no podrá superar el 15% del patrimonio de cada fondo, mientras que la participación correspondiente a una jurisdicción individual tendrá un límite del 5%.
Además, las administradoras deberán mantener como mínimo un 10% del patrimonio del fondo en activos de elevada liquidez y bajo riesgo de mercado. Dentro de esta categoría se encuentran los depósitos a la vista y las letras del Tesoro de corto plazo, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de fondos frente a eventuales desvinculaciones laborales.
El volumen de financiamiento que podría captar la Ciudad dependerá del dinero que finalmente administre el FAL. Si el flujo anual se ubica en el escenario más conservador, de 2000 millones de dólares, el distrito podría obtener hasta 100 millones de dólares por año mediante la emisión de letras y bonos locales.
En un escenario de mayor volumen, con aportes que alcancen los 4000 millones de dólares anuales, el financiamiento potencial podría llegar a los 200 millones de dólares.
La calificación AAA también representa una ventaja para el Gobierno porteño a la hora de buscar financiamiento para su programa de obras. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, señaló que esa categoría permite acceder a mejores condiciones y tasas para sostener el plan de inversiones.
Según el análisis de la calificadora, la Ciudad enfrenta un programa de inversiones de capital exigente durante los próximos años. Entre 2026 y 2028, el gasto destinado a ese objetivo podría registrar un incremento significativo y alcanzar una participación del 20% del gasto total.
Entre las obras previstas se encuentran la renovación de las formaciones del subte y la construcción de la nueva línea F. Para este último proyecto, la Ciudad podrá acceder a préstamos por un monto máximo acumulado de 1350 millones de dólares.
Con el nuevo esquema, los recursos administrados por el FAL se presentan como una fuente adicional de financiamiento para el distrito y podrían permitirle acceder al mercado local en condiciones más competitivas.
