El estudio tomó como referencia el nivel de empleo privado formal de noviembre de 2023. Neuquén registró desde entonces un incremento del 7,6%, mientras que Río Negro avanzó 3,4% y San Juan apenas 0,4%. En el conjunto del país, en cambio, había alrededor de 241.000 asalariados privados registrados menos que en aquel momento, una caída del 3,8%.
El análisis señaló que la cantidad de provincias que efectivamente lograron aumentar el empleo privado formal limita el universo de jurisdicciones que pueden ser consideradas ganadoras en términos laborales. Según el documento, algunas provincias pueden exhibir inversiones, mejoras fiscales o recuperación de determinadas actividades sin haber conseguido todavía un crecimiento neto del empleo privado registrado.
Las diferencias también aparecen al medir la cantidad de trabajadores privados formales en relación con la población. La Ciudad de Buenos Aires registró 485 asalariados privados registrados cada 1.000 habitantes, mientras que Neuquén alcanzó 217. En el extremo inferior se ubicaron Formosa, con 35 trabajadores cada 1.000 habitantes; Santiago del Estero, con 47; y Chaco, con 57.
De acuerdo con el análisis, la densidad del sector privado constituye una de las principales diferencias entre las provincias. La Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe concentran una mayor escala de actividad, empleo, empresas, salarios y mercados internos. En varias jurisdicciones del norte, en cambio, se observa una menor cantidad de empleadores privados, niveles más bajos de formalidad laboral y mercados internos de menor tamaño.
El informe también identificó distintas velocidades de recuperación durante el primer año de la gestión de Javier Milei. El crecimiento estuvo principalmente asociado a provincias vinculadas con los recursos naturales y la producción agropecuaria, mientras que otras jurisdicciones de mayor peso económico atravesaron retrocesos.
Para comparar la evolución de la actividad provincial, el estudio utilizó una actualización de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aplicada de manera uniforme a las 24 jurisdicciones y alineada con el valor agregado bruto nacional. El análisis aclaró que esta metodología no reemplaza las estadísticas geográficas oficiales, que cuentan con fuentes propias y mayor nivel de detalle, pero permite establecer comparaciones bajo un mismo criterio.
En 2024, solo cinco provincias registraron un crecimiento de su valor agregado bruto frente al año anterior. Neuquén encabezó la lista, con una expansión del 11,3%, seguida por Córdoba, con 4,5%, y Santa Fe, con 3,1%. Entre Ríos y La Pampa tuvieron incrementos del 0,4%.
El resto de las jurisdicciones registró caídas. Buenos Aires retrocedió 3%, Chaco 6,3%, San Luis 8,8% y Jujuy 9,5%. Formosa tuvo una contracción del 12,9%, mientras que Tierra del Fuego presentó la mayor disminución, con 13,1%.
Neuquén aparece como uno de los casos más destacados del análisis, tanto por el crecimiento de su actividad en 2024 como por la evolución del empleo privado formal. El informe relacionó este desempeño con el desarrollo de Vaca Muerta y con el peso de la actividad hidrocarburífera sobre la producción, las regalías, el empleo, los salarios, la recaudación y el gasto público.
El incremento de los ingresos provinciales derivados de las regalías permitió ampliar la capacidad de gasto del Estado, mientras que también aumentó el empleo privado formal. Parte de esos recursos se reflejó en los salarios del sector público.
En marzo de 2026, el salario de un trabajador petrolero de Neuquén equivalía a 5,8 salarios textiles del Gran Buenos Aires. La diferencia también se observó entre los trabajadores de la educación: en 2025, un maestro de grado con diez años de antigüedad percibía alrededor de $1,93 millones brutos en Neuquén, frente a unos $940.000 en la provincia de Buenos Aires.
El estudio planteó que esta diferencia salarial no puede atribuirse directamente a un mayor costo de la administración educativa, sino a la disponibilidad de recursos que permite sostener niveles de ingresos que otras provincias tendrían dificultades para replicar sin generar desequilibrios fiscales.
Entre 2023 y 2025, Neuquén aumentó su gasto real un 16%, el mayor incremento dentro del conjunto analizado. En paralelo, la tasa de homicidios pasó de 4,5 a 5,7 casos cada 100.000 habitantes durante ese período.
El análisis también puso el foco en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su posible impacto sobre la distribución territorial del crecimiento. A mediados de agosto de 2026 se habían aprobado 21 proyectos por USD 46.709 millones, con una estimación de 95.175 empleos directos e indirectos.
De esos proyectos, 12 corresponden a minería, cinco a petróleo y gas, dos a energía, uno a infraestructura y uno a siderurgia. Neuquén, Río Negro, San Juan y las provincias mineras del Noroeste Argentino concentran una parte relevante del mapa de inversiones asociado al régimen.
El informe señaló que el RIGI no generó por sí mismo esa distribución geográfica, sino que favorece la llegada de capital a regiones que ya cuentan con recursos, infraestructura y escala productiva. En ese sentido, advirtió que una mayor concentración de las nuevas inversiones en los territorios mejor posicionados podría ampliar las diferencias económicas entre las provincias en lugar de reducirlas.
