La iniciativa propone garantizar un financiamiento “estable y progresivo” para la integración socio-urbana y establecer que los recursos destinados a estas políticas no puedan ser inferiores a los del año anterior. La misma regla se aplicaría incluso si se prorrogara el Presupuesto vigente.
El proyecto plantea fijar un piso presupuestario anual vinculado al Producto Bruto Interno (PBI), con un esquema de implementación previsto para el período comprendido entre 2027 y 2036.
La propuesta surge luego de un fallo judicial emitido en mayo que suspendió el decreto que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y reclamó al Congreso la implementación de mecanismos que permitan garantizar recursos para la integración socio-urbana.
El planteo legislativo adquiere relevancia mientras el presidente Javier Milei tiene previsto presentar el proyecto de Presupuesto 2027 el próximo 15 de septiembre. El texto establece expresamente que los fondos para estas políticas deberán mantener, como mínimo, el nivel del año anterior aun cuando se prorrogue la denominada ley de leyes.
Según los datos incluidos en el proyecto, el recorte del financiamiento del FISU provocó una caída del 98% en la ejecución de obras entre 2023 y 2026. Los recursos ejecutados pasaron de $171.863 millones a $3.336 millones durante ese período.
Además, 671 de las 1.322 obras que estaban en ejecución fueron interrumpidas. El impacto alcanza a barrios populares ubicados en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones sociales y religiosas y de las agrupaciones que integran la Mesa Nacional Barrios Populares. Entre ellas se encuentran TECHO y Cáritas.
Desde TECHO-Argentina señalaron que en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que enfrentan problemas vinculados con inundaciones, calles y viviendas sobre terrenos de tierra y falta de infraestructura, y plantearon que la inversión resulta necesaria para mejorar sus condiciones de vida.
El proyecto también reúne apoyos de distintos espacios políticos, en una composición similar a la que se produjo durante el debate de la legislación que permitió crear y ampliar el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
En esta oportunidad, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de 11 bloques que representan a legisladores de 10 provincias. Entre quienes figuran como firmantes se encuentran Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De La Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez, Marcela Marina Pagano, Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva y Pablo Juliano.
