La propuesta, presentada en abril, es analizada por las comisiones de Legislación General y Salud del Senado. Hasta el momento, más de 70 personas, entre profesionales, familiares y funcionarios, expusieron sus puntos de vista.
Entre los expositores estuvo el abogado Juan Roza Alconada, quien tiene un vínculo personal con la problemática porque su hermano padece esquizofrenia. Durante su intervención, planteó la necesidad de actualizar la legislación para encontrar un equilibrio entre el derecho al tratamiento y la protección de las libertades individuales, especialmente frente a situaciones de crisis.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el artículo 20 de la normativa actual, que exige demostrar un “riesgo cierto e inminente” para justificar una internación involuntaria. Este criterio es cuestionado por quienes impulsan la modificación porque puede dificultar la intervención preventiva y generar interpretaciones restrictivas entre jueces y profesionales de la salud.
La reforma propone reemplazar ese estándar por la consideración de un daño grave para el paciente o para terceros. De esta manera, se permitiría una evaluación más amplia que contemple la historia clínica y los antecedentes del paciente antes de que ocurra un episodio irreversible.
La intervención judicial no desaparecería. El juez recibiría información sobre las causas de la internación y también sería notificado previamente ante una eventual externación. El objetivo es ampliar las herramientas de prevención sin eliminar los controles judiciales.
El proyecto también propone modificar la terminología de la ley. El texto vigente utiliza la expresión “padecimiento mental”, mientras que la reforma plantea hablar de “trastorno de salud mental”, en línea con clasificaciones clínicas internacionales y con la intención de utilizar conceptos médicos más precisos.
Otro cambio relevante se refiere a quiénes pueden autorizar una internación involuntaria. Actualmente, dos integrantes de un equipo interdisciplinario pueden formalizarla, incluyendo psicólogos, enfermeros y terapistas. La propuesta establece que al menos uno de los firmantes debe ser psiquiatra, debido a su formación específica para evaluar el estado de un paciente y determinar tratamientos farmacológicos.
La iniciativa también plantea mantener la posibilidad de contar con hospitales especializados en salud mental. En el debate se mencionaron instituciones como el Hospital Borda, el Hospital Moyano y el Hospital Bonaparte, y se cuestionó la idea de avanzar con su cierre sin contar previamente con alternativas adecuadas para atender a los pacientes.
Otro de los problemas señalados es la atención de personas con trastornos de salud mental en hospitales generales, especialmente en el interior del país, donde pueden compartir espacios con pacientes que atraviesan otras patologías y donde existen dificultades para brindar una atención especializada.
La discusión también alcanza al financiamiento del sistema. Una de las posiciones planteadas durante el debate es que la eventual reforma legal debe acompañarse de una discusión específica sobre el presupuesto destinado a salud mental, ya que el incremento de recursos por sí solo no resolvería las dificultades derivadas del marco normativo vigente.
