La decisión quedó establecida mediante el Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, que además ratificó la reducción tarifaria acordada previamente y dispuso la creación de una mesa de trabajo intersectorial para avanzar en una nueva regulación del servicio.
La medida formalizó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los prácticos, quienes habían iniciado una medida de fuerza que afectó las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones. El conflicto provocó demoras en más de 140 buques y generó pérdidas económicas estimadas en hasta US$100.000 por embarcación.
El decreto establece la suspensión temporal del Decreto 690/2026, que había sido publicado una semana antes y modificaba el régimen vigente del servicio de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales del país.
La normativa cuestionada actualizaba disposiciones vinculadas a la Ley de Navegación y eliminaba determinados requisitos para facilitar la incorporación de nuevos prestadores al mercado. La medida generó rechazo entre los trabajadores y operadores del sector, que reclamaron cambios en su implementación.
Ante la paralización de la actividad portuaria y el impacto sobre las operaciones comerciales, se abrió una instancia de negociación entre las autoridades y representantes del sector. Como resultado, se acordó suspender la nueva regulación, conformar una mesa de trabajo para elaborar un esquema consensuado y aplicar una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
Con la entrada en vigencia del Decreto 716/2026, volvieron a aplicarse las normas anteriores que habían sido modificadas por la regulación suspendida. El objetivo de la medida es garantizar la continuidad de las operaciones portuarias mientras se define un nuevo marco normativo.
La mesa de trabajo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y estará integrada por representantes de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y del sector de practicaje y pilotaje.
Además, el decreto instruyó a los organismos correspondientes a adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad y asegurar el normal funcionamiento de las actividades vinculadas a la navegación y los puertos en todo el país.
