El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentará el martes próximo ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso su Informe Anual 2020, que destaca como “prioritario modificar la política criminal del Estado” y que en pandemia “la tasa de contagios fue menor en los penales que la registrada en la sociedad en general, aunque el índice de letalidad fue superior”.
Las conclusiones del relevamiento -con un diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en el país y del cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia (entre mayo del 2019 y mayo del 2020)- fueron explicadas por el presidente de la Comisión, Juan Manuel Irrazábal; el secretario ejecutivo Alan Iud y los comisionados Diana Conti y Gustavo Palmieri.
El informe será presentado ante la comisión bicameral del Congreso el próximo martes a las 11 y muestra que “la cantidad de personas privadas de la libertad está en crecimiento” con su “consecuente impacto en la sobrepoblación y hacinamiento”, explicó Irrazábal.
Entre las recomendaciones que formula el Comité figura “modificar la política criminal del Estado, ya que los últimos marcos normativos como la Ley de Flagrancia -aprobadas durante el macrismo- fueron efectistas pero no efectivas. Generaron sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con el mandato de lograr la reinserción de las personas”.
En cuanto al Covid, la Comisión hizo “seguimientos en penales donde tuvimos una muy buena comunicación con la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, a quien le acercamos propuestas”, contó Irrazábal.
Dijo que la actual gestión de Alberto Fernández permitió una “mayor receptividad para aceptar cambios que transformen los lugares de encierro con una mirada muy clara respecto de las condiciones que deben tener estas personas para garantizar el ejercicio de sus derechos”.
Alan Iud contó que “a mediados del 2019 vimos que a nivel federal y en Provincia de Buenos Aires comenzó un amesetamiento en la cantidad de personas privadas de su libertad mientras que había habido un incremento de más de un 30% entre 2016 y 2018”.
Entre las causas de ese incremento citó “modificaciones legislativas como la Ley de Ejecución Penal que restringió los accesos a libertades condicionales y salidas anticipadas, y la Ley de Flagrancias con la que creció la cantidad de personas con penas de menos de tres años”.
Sobre los casos de Covid contó que hicieron “relevamientos de medidas tomadas por diferentes jurisdicciones y observamos que la tasa de contagios, comparado con los países de la región, era inferior a la que presenta la sociedad argentina en general, pero la tasa de letalidad se duplica en los lugares de encierro”.
Enumeró que en inspecciones en unidades penitenciarias provinciales se detectaron “hallazgos muy relevantes, en particular en las provincias de Santa Fe y Tucumán donde hubo denuncias de la utilización de varillas para castigar a los detenidos, o de encierro de gran cantidad de personas en comisarías por periodos largos; en Córdoba hay testimonio de mujeres dando a luz esposadas”.
Palmieri definió “el tipo de tortura que existe hoy en la Argentina” al analizar que se da “cuando el privado de su libertad pasa por condiciones de hacinamiento graves o de enfermedad, y otras violaciones en sus derechos humanos básicos”.
Esto se produce “en gran parte por la existencia de sistemas carcelarios viejos y su articulación con un sistema judicial que genera esa sobrepoblación”.
Entre las torturas “también impropias de períodos democráticos” aludió a “los métodos de ´ahogamientos secos, caballito o barquito´, este último consistente en atar a las personas y tirarlas para que se golpeen contra el piso”, detalló Palmieri. Pero destacó que “afortunadamente hubo penalidades en algunos casos denunciados en la Provincia de Buenos Aires y Neuquén”.
Diana Conti resaltó que al llegar la pandemia “se creyó que el colapso se iba a dar en las cárceles pero estuvo dado en los geriátricos”. Y recordó que “toda persona en situación de encierro, en el sector nacional, provincial, público o privado tiene que tener garantizadas las buenas prácticas por lo que es fundamental cada jurisdicción tenga un mecanismo local con un comité de prevención de la tortura”.
En la actualidad estos mecanismos solo están operativos “en Chaco, Corrientes, Misiones, Mendoza, CABA, la Procuración Penitenciaria para cárceles federales, y en Provincia de Buenos Aires la Comisión Provincial de la Memoria”, enumeró.
Conti insistió también en la necesidad de “modificar las leyes del macrismo de Ejecución Penal, y los regímenes procesales” así como generar “un cambio cultural para que nunca más, frente a merecidas excarcelaciones, se desate una campaña mediática que grite que se liberan homicidas y violadores cuando además, no es es cierto”.
