Dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron hoy la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en 2016 se había dispuesto en favor de la ciudad de Buenos Aires, para destinarlo a un plan de fortalecimiento fiscal en la provincia de Buenos Aires y consideraron que la Justicia deberá pronunciarse.
“Entre los que viven y trabajan en la Ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver perjudicadas”, publicó en su cuenta de Twitter la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, y agregó: “La Argentina no se construye enfrentando CABA y PBA. Esa lógica perversa empobrece cada día más al país”.
En tanto, la diputada nacional Graciela Ocaña sostuvo -en diálogo con Radio Continental- que “la instancia judicial está abierta” y adelantó que se reunirán con las máximas autoridades de la Ciudad para discutir “las acciones a tomar”.
Ocaña también apuntó al Gobierno por su decisión: “El presidente Alberto Fernández dice ser un hombre de diálogo pero aquí no ocurrió”, sostuvo la legisladora y agregó: “Veo con mucha preocupación esta medida para la Ciudad”.
En el mismo sentido se pronunció hoy el senador Martín Lousteau (UCR- Evolución), para quien “hay un poder que es la Justicia que debe decir algo, la Corte Suprema de Justicia está callada”.
“Lo voy a hablar con (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, pero como representante de los porteños, creo que la Ciudad debe ir directo a la Justicia, directo a la Corte porque esto es un conflicto entre jurisdicciones”, reforzó ese punto.
En opinión del economista se trata de “una decisión arbitraria, súbita y totalmente cuestionable”, y consideró que “es una decisión política para golpear a Rodríguez Larreta y un castigo a la jurisdicción más importante, que gobierna la oposición”.