Un grupo de vecinos del barrio popular Ramón Carrillo, ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura Porteña que busca “subsanar” la falta de servicios básicos y lograr “soluciones habitacionales definitivas”.

La iniciativa ingresó este lunes al Parlamento local y será acompañada por la legisladora del Frente de Todos Magdalena Tiesso.

Ramón Carrillo está ubicado en Villa Soldati, entre la calle Mariano Acosta, la avenida Castañares y la autopista Cámpora, sobre tierras que formaron parte de “La Quema”, un basural a cielo abierto que funcionó hasta 1978.

En los fundamentos del proyecto, los vecinos explicaron que el barrio fue originalmente un complejo habitacional construido en “solo nueve meses” para recibir, en diciembre de 1990, a las 645 familias que vivían en los edificios abandonados del Albergue Warnes, que estaba en La Paternal y fue demolido en marzo de 1991.

Los problemas actuales del barrio están relacionados con sus orígenes, ya que fue construido rápidamente, sin planificación y sobre tierras muy contaminadas.

Los vecinos explicaron también que al construir el complejo habitacional no hubo proyecciones sobre el posible crecimiento de este barrio, que ellos estiman en un 80% desde 1990 hasta hoy.

Sobre el proyecto de ley
El proyecto prevé la intervención de los vecinos en la reurbanización mediante una “mesa de gestión participativa”, y establece una serie de etapas, como el loteo y consolidación de las manzanas, la construcción de viviendas nuevas, la apertura de calles y pasajes, el tendido de infraestructura de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales, desagües pluviales, red de alumbrado público y gas natural), mejoramiento de viviendas existentes y conexión domiciliaria a los servicios.

“Este proyecto viene a saldar una deuda pendiente con el barrio desde hace más de 30 años, en los que, cabe mencionar, nuestra lucha vecinal nunca cesó”, escribieron los vecinos en los fundamentos.

Y recordaron que a raíz de esa lucha, en 2004 se sancionó la ley 1.333 que declaró la emergencia de infraestructura en el barrio y ordenó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizar obras, “pero sin incluir las conexiones intradomiciliarias”.

También mencionaron que hay un fallo judicial que ordena al Gobierno porteño el “inmediato cumplimiento de dicha ley”.

El proyecto está firmado por 22 vecinos y vecinas, entre ellas Olga Amador, quien también inició la causa judicial para que el Ejecutivo porteño cumpla con la ley 1.333.

En 2019 la Legislatura aprobó en primera lectura una ley de urbanización que alcanzaba a varios barrios populares de Villa Soldati, pero el texto no recibió la segunda y definitiva sanción.

By Matias

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