La regulación de las apuestas online volvió a instalarse en la agenda del Senado y abrió diferencias dentro del propio oficialismo. Al menos cuatro legisladores de La Libertad Avanza impulsan que se retome el tratamiento de los proyectos destinados a limitar el juego digital y prevenir la ludopatía, una discusión que permanece paralizada desde que la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa en noviembre de 2024.
El planteo cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich, Agustín Coto, Pablo Cervi y Luis Juez, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar con el debate legislativo. La postura contrasta con la posición que mantuvo hasta ahora el Gobierno nacional, que rechazó el texto aprobado por Diputados y promovió una propuesta alternativa enfocada principalmente en combatir el juego clandestino.
Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, manifestó su preocupación por las consecuencias de la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes, y anticipó que buscará que la iniciativa sea tratada durante las próximas semanas. Coto también respaldó la convocatoria y planteó la necesidad de establecer límites frente al crecimiento de las apuestas entre menores.
Por su parte, Juez consideró que la problemática afecta a miles de familias argentinas y reclamó avanzar con medidas para evitar que los chicos tengan acceso irrestricto a las plataformas de apuestas. El legislador utilizó una comparación con la actividad de los casinos para describir la facilidad con la que actualmente se puede acceder al juego desde dispositivos personales.
La discusión también encontró respaldo en sectores de la oposición. La senadora Flavia Royón manifestó que no se puede continuar postergando el tratamiento, mientras que Eduardo de Pedro reclamó avanzar con el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Luego de los pronunciamientos públicos, Bullrich trasladó la propuesta al grupo de comunicación de los senadores libertarios y planteó analizar el conjunto de iniciativas vinculadas con las apuestas digitales y la prevención de la ludopatía. La intención es que el debate no quede limitado al proyecto aprobado por la Cámara baja, sino que también incluya la propuesta del Poder Ejecutivo y otros textos presentados por legisladores.
Los integrantes del bloque acordaron incorporar el tema a su próxima reunión para definir los pasos parlamentarios. Una eventual reactivación requerirá convocar a un plenario de comisiones y establecer un cronograma de tratamiento. La discusión involucra a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, que recibieron la iniciativa de Diputados en noviembre de 2024, pero hasta ahora no avanzaron con su análisis.
El tiempo legislativo aparece como otro factor determinante. El proyecto aprobado por Diputados se acerca al límite de su vigencia parlamentaria y, si no consigue avanzar durante las próximas semanas, su tratamiento dependerá de una eventual convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias.
En paralelo, la Iglesia Católica volvió a reclamar una regulación de las apuestas online. La Comisión Episcopal de Pastoral Social impulsó una petición pública en coincidencia con la visita del papa León XIV y renovó el pedido de sancionar una ley que establezca límites a esta actividad, especialmente por sus consecuencias sobre niños y adolescentes.
Uno de los principales puntos de conflicto entre las iniciativas es el alcance de las restricciones. El proyecto aprobado por Diputados propone prohibir la publicidad de apuestas online en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. También contempla impedir los patrocinios de clubes deportivos, deportistas y competencias, además de eliminar los bonos de bienvenida utilizados para captar usuarios.
La propuesta incluye otras limitaciones, como la prohibición de utilizar tarjetas de crédito para realizar apuestas y la obligación de verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante controles biométricos vinculados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
El proyecto impulsado por el Gobierno tiene un alcance diferente. Su principal objetivo es endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos, pero no establece prohibiciones generales para la publicidad de las plataformas legales, los patrocinios deportivos ni las promociones comerciales destinadas a atraer apostadores.
También existen diferencias respecto de los mecanismos de protección de menores. Mientras que la iniciativa de Diputados establece controles biométricos obligatorios, la propuesta oficial dispone que las entidades y los proveedores de servicios de pago deberán implementar sistemas tecnológicos y de seguridad para comprobar la edad de los usuarios y evitar el acceso de menores, sin determinar una herramienta específica.
Hasta el momento, ninguna de las dos iniciativas consiguió avanzar en las comisiones del Senado. El proyecto del Ejecutivo tampoco logró reunir un respaldo uniforme dentro del oficialismo, mientras que la propuesta aprobada por Diputados había obtenido el acompañamiento de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, sectores del radicalismo y bloques provinciales. La Libertad Avanza votó en contra y el PRO junto con parte de la Unión Cívica Radical optaron por la abstención.
Así, la regulación del juego online vuelve a exponer diferencias dentro del oficialismo y plantea un nuevo desafío parlamentario, con posiciones distintas sobre cómo limitar la actividad, controlar a las plataformas y prevenir las consecuencias de la ludopatía.
