En el contexto de un escándalo en Allen, provincia de Río Negro, el intendente Marcelo Román ha sido imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. La investigación penal preparatoria contará con un plazo de dos meses, fijándose como fecha límite el 30 de agosto del presente año.
La causa, impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, sostiene que entre marzo de 2024 y julio de 2025, el intendente habría desviado fondos públicos para adquirir un teléfono celular por $479.999, a través de un contrato de servicio corporativo, resultando en un gasto total de $596.812,38 a nombre de la Municipalidad.
Durante la última audiencia, la Fiscalía explicó que el intendente separó el dispositivo de los bienes patrimoniales del municipio y se lo entregó a un individuo ajeno a la administración pública, sin establecer un vínculo contractual que justifique la posesión del equipo estatal.
Los fiscales argumentaron que la entrega del bien implicó una violación de la custodia legal que Román debía mantener sobre el patrimonio municipal, permitiendo que un tercero, que no tenía derecho, utilizara el recurso como propio, lo que generó un perjuicio al erario público.
Según informó el Ministerio Público de Río Negro, un segundo acusado estuvo presente durante la audiencia. Para la Fiscalía, su involucramiento fue fundamental para la consumación de los delitos, ya que utilizó el teléfono a pesar de saber que no era un agente municipal ni tenía designación oficial.
Este individuo presuntamente utilizó el dispositivo para impartir órdenes y directivas a empleados de la Municipalidad, lo que llevó a considerar que se había apropiado de funciones de la gestión pública, consolidando así uso privativo de un recurso estatal.
Ambos acusados son señalados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inciso 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. En el caso del segundo imputado, la acusación lo califica como partícipe necesario de la administración fraudulenta.
Como respaldo probatorio, la Fiscalía presentó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, la documentación institucional, incluida el acta de asunción del intendente, la carta orgánica, copias de comodatos de celulares corporativos y la factura de compra del dispositivo en cuestión. Además, se incorporaron más de 35 entrevistas realizadas en la sede fiscal.
También se presentó un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago obtenidas durante el allanamiento a la sede municipal, así como copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias hacia una empresa de telefonía, y documentos del Tribunal de Cuentas junto a reportes de divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.
Las defensas, por su parte, solicitaron que no se consideren los cargos formulados y pidieron la imputación como partícipe necesario de la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la ex funcionaria como testigo, así como de la documentación recopilada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones del celular de la exsecretaria.
Desde el inicio de la investigación contra Román, la ciudad enfrenta una crisis institucional profunda, evidenciada por la recolección de más de 3.000 firmas de vecinos que exigen la revocación de su mandato. Esta iniciativa fue promovida por Silvina Cantero, docente jubilada y ex miembro de un sindicato docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida en la actual gestión.
Cantero comenzó a reunir las firmas a fines de 2025, citando una “grave negligencia” en la prestación de servicios públicos esenciales como el eje central de su reclamo. En el petitorio presentado al Concejo Municipal, se destacó la incapacidad de la administración para gestionar servicios básicos, lo que ha ocasionado un abandono progresivo que afecta la calidad de vida en los barrios de Allen.
Ante consultas de medios locales, la docente jubilada afirmó que su campaña para destituir al intendente responde a una convicción personal y descartó cualquier motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la recolección de firmas permite activar formalmente el proceso de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.
El petitorio formalmente se entregó al Concejo Municipal en mayo de este año, lo que obligará a iniciar los procedimientos estipulados por la normativa local. Mientras tanto, la gestión de Román permanece bajo la presión de la investigación judicial y las demandas populares por un cambio en la administración del municipio.
