Como parte de la estrategia judicial de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Justicia, Martín Soria, organizó, las “I Jornadas Internacionales – Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos. El Lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia”. Pero nada es gratis. En total, sin los pasajes de avión, se gastó $3.567.606,65.
Otro gasto, fue la contratación del servicio de alojamiento para 10 invitados con régimen de media pensión, en el lujoso Hotel Club Francés. El total abonado por los hospedajes fue de $765.138,75. El ministerio de Justicia aclaró que le quedó un saldo a favor. Si convertimos el monto a dólar oficial de la fecha, la suma es de USD 6.940.
Una parte de los gastos, más precisamente dos, se publicaron en el portal de compras del Estado Nacional, Compr.Ar, aunque uno se dejó sin efecto. Otros, Clarín pudo acceder a través de un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, el organismo que preside Soria se negó a entregar la información de forma completa, entre ellas el costo de los pasajes abonados a, por ejemplo, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien está prófugo de la justicia de su país.
En el 2019, la vicepresidenta tomó la teoría del lawfare de los abogados del ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, y lo definió con una conspiración entre “la embajada de EE.UU., los medios y la Justicia” para perseguir judicialmente a líderes populares de América Latina. Nada dijo de sus procesamientos por corrupción y que ex presidentes de izquierda como el uruguayo Pepe Mujica o la chilena Michele Bachelet no tuvieron ninguna denuncia.
Ahora el concepto que el kirchnerismo quiere que su teoría se afirme en algún fallo judicial, ya que no tiene quórum para meterlo en una ley, aunque ya usó la idea el juez federal de La Plata, Ramos Padilla, cuando acusó a periodistas de hacer “operaciones de acción psicológica”.
En realidad, el neologismo fue creado en 2001 por el profesor y brigadier retirado Charles J. Dunlap Jr., de la Duke University School of Law estadounidense quien lo definió como “el uso de la ley como un arma de guerra”.
Dunlap amplió el término, dando más precisiones, en 2007. En un artículo publicado en el Washington Times (“Lawfare amid warfare”), escribió que el “lawfare” era “la explotación de lo real, percibido, o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de la guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar superior”.
Es decir, de denuncias del país vencido en una guerra contra el país vencedor,como por ejemplo acusando infundadamente al vencedor de haber violado los derechos humanos de los vencidos.
Pero los abogados de Lula y de Cristina lo vaciaron de ese contenido original y le pusieron uno propio. Como dice el constitucionalista Roberto Gargarella como una forma snobista de enamorarse de un término en inglés.
El panel de apertura del congreso estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado y abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, Graciana Peñafort; el procurador del Tesoro y “cerebro” judicial de Cristina, Carlos Zannini; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
En el portal Compr.Ar tramitó, bajo el número de proceso 32-0009-CDI21, la contratación directa de los “servicios de sonido, audiovisual y streaming para las Jornadas Lawfare”. El 30 de noviembre de 2021 se le adjudicó a Eventos Corporativos SA, por un monto total de $1.483.000.
El ministerio de Justicia informó que el servicio de streaming y audio para el evento de cierre, cuya tramitación comenzó en el mes de septiembre, preveía un acto para 60 personas de manera presencial y una cantidad moderada de conexiones vía remota.
Posteriormente, en función de las nuevas restricciones por la Pandemia del COVID-19 se solicitó una ampliación del servicio que permitiera convocar a un mayor número de personas al aire libre y, a la vez, una mayor cantidad de participantes vía remota.
Por otra parte, para el evento, el ministerio de Justicia gestionó la provisión de 2.000 lapiceras y cuadernos, con logo institucional; otros 1.000 cuadernos; el alquiler de 500 sillas, la impresión de 300 dípticos, 200 afiches y 32 banners y 10 mesas portables. La suma abonada por estos ítems fue de $999.467,90.
También en el portal Compr.Ar se publicó, con apertura el 2 de noviembre de 2021, la contratación directa para los “servicios de catering y coffee break para las Jornadas Lawfare”, con un presupuesto de $220.000, que fue declarado.
La justificación del ministerio fue no se contó con plazo suficiente para nuevas compulsas. El dato es que se dio de baja luego de que Clarín publicara el 30 de octubre que el organismo iba a efectuar el gasto. En cambio, fue contratada la Cooperativa de Trabajo La Cacerola, por $320.000.
El Hotel Club Francés es un hotel boutique de 28 habitaciones y cuenta con un restaurante, salón de té, bar, terraza, oficinas de alquiler para uso de huéspedes y empresas, solárium, sala de esgrima, gimnasio, salas para tratamientos terapéuticos y masajes, sauna y duchas finlandesas.
El restaurante preserva la cultura gastronómica francesa: trufas, foie gras, Crème Brülée, tarte tatin, sopa de cebolla, cordero, entre otros; son algunas de las alternativas que ofrece la carta. Aquí se hospedó Correa, expresidente de Ecuador, invitado para que exponga en el congreso.
El último estipendio al que accedió Clarín fueron los pasajes. El ministerio de Justicia no esgrimió denegatoria, pero tampoco informó cuántos pasajes abonaron, a nombre de quiénes y el precio.
Sin embargo, la cartera que preside Soria gestionó la adquisición de pasajes aéreos internacionales para Correa, quien partió desde la ciudad de México hacia Buenos Aires, el día 1 de diciembre de 2021. El 5 de diciembre de 2021, inició el regreso, con escala en Ámsterdam, Países Bajos, para finalizar en la ciudad de Bruselas, Bélgica, donde está radicado.
Además, se tramitó el viaje de la asesora del expresidente ecuatoriano, Marcela Priscila Holguín Naranjo, quien viajó desde Quito, Ecuador, a Buenos Aires, previa escala en Bogotá, Colombia, el día 1 de diciembre de 2021. El regreso se produjo el día 7 de diciembre de 2021, debido a la falta de disponibilidad de vuelos, y realizó el camino inverso.
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene la responsabilidad de investigar, analizar y dar a conocer información sobre los procesos históricos en los cuales el Estado argentino fue responsable en la vulneración de derechos. La práctica del Lawfare constituye un ejemplo cabal de este tipo de procesos en dos sentidos”, dijo la cartera que dirige Pietragalla. Otro de los organizadores originales fue la presidenta de Justicia Legítima e interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
En primer lugar, “en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar (dirigentes políticos/as, exfuncionarios/as públicos/as y referentes de organizaciones sociales y sindicales)”.
En segundo lugar, “porque habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en materia de derechos humanos (especialmente del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen profundo impacto en la sociedad como conjunto”, adjuntó el ministerio de Justicia como parte de la respuesta al pedido de acceso a la información pública.
